Municipios y servidores se valen de acciones de protección para exigir pagos atrasados

Diversos sectores de la sociedad con los cuales el Gobierno tiene pagos atrasados buscan ampararse en acciones de protección, a través de la justicia, para que las autoridades cumplan con diversos rubros, especialmente los salarios.

Así, ayer se conoció que el juez Carlos Francisco Fuentes admitió, en primera instancia, la acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo y un sector de maestros. De acuerdo con Freddy Carrión, defensor del Pueblo, el pronunciamiento del juez dispone que se paguen los haberes no solo de profesores, sino de todo el sector público, incluidos los del Gobierno central y de los seccionales. Además que, de ahora en adelante, el régimen deberá cancelar en los cinco primeros días del mes la remuneración que le corresponde al sector público.

El veredicto se da luego de una audiencia en la cual tanto los demandantes como el Gobierno presentaron sus alegatos. Pese a que las autoridades de Gobierno explicaron que no existe liquidez por una serie de factores relacionados con la pandemia, el juez ha establecido que hubo vulneración de derechos.

Para Carrión, entre los derechos que se han vulnerado está el de seguridad jurídica, del trabajo, a la vida digna y el derecho a un trato justo y sin discriminación. Habla de discriminación, pues dice que se ha priorizado el pago a ciertos sectores, pero que esto es incorrecto, pues todos los trabajadores, sin distingo de sector, requieren su remuneración mensual. Además advirtió que el ministro Richard Martínez ha seguido hablando de priorizar pagos por sectores, lo cual no cabe, ya que existe el pronunciamiento del juez. En todo caso, al ser de primera instancia puede ser aún apelado.

Entre tanto, ayer también Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente de la Regional 2 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), dijo que presentarán una acción de protección para que el Gobierno cumpla con los haberes tanto del impuesto al valor agregado (IVA) como de las asignaciones de ley.

Explicó que en días anteriores varios alcaldes se reunieron con el presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pero se ha visto que no hay solución. Por ello, dijo, se ven obligados a levantar acciones legales.

Orellana comentó que como municipios les ha tocado enfrentar, sin mayores recursos, sus competencias, e incluso aquellas que no eran responsabilidad de los gobiernos seccionales.

Indicó que 10 de los 17 municipios que conforman la regional 2 (Napo, Orellana y Pichincha) ya han dado su consentimiento para realizar una acción de protección para exigir el pago inmediato de sus haberes.

Pidió al Gobierno que tome conciencia del problema, ya que estos municipios han estado resistiendo por seis meses, pero la situación es muy compleja.

Ricardo Ramírez, alcalde de Francisco de Orellana, por su parte, agradeció la iniciativa del alcalde de Aguarico y dijo que “ya ser pacíficos debe pasar de moda”. Por lo que propuso exigir los pagos.

Otros alcaldes de la regional que participaron se mostraron preocupados por la falta de liquidez y buscaban conocer cuáles son los mecanismos de pago con bonos. En todo caso Orellana ya había planteado su rechazo al pago con bonos que ha ofrecido el Gobierno.

Al ser consultado el defensor del Pueblo sobre qué puede suceder si al final el ministro de Economía que esté de turno no cumple lo indicado por el juez, dijo que se podría proceder con la destitución e inclusive con una demanda penal por desacato.

Según Carrión, esta acción podría llevarse adelante desde estos primeros días de septiembre. La propia Defensoría haría un monitoreo de cumplimiento y de no existir se le podría pedir al juez que declare el desacato, para proceder con las sanciones.

Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo recientemente que con los nuevos recursos que llegarán de multilaterales se pondrán al día con las cuentas pendientes. (I)