Empezaron como 300 voces. Ahora ya son más de 1000. En pocas semanas, los adherentes a la iniciativa Pacto Ético, que impulsan la corporación Participación Ciudadana (PC) y otras oenegés, se triplicaron. Y esperan sumar a muchos más porque el rechazo a la corrupción se ha profundizado en el país, especialmente tras las denuncias de irregularidades del sector público en la gestión de la pandemia del COVID-19, y se requieren acciones inmediatas para combatirla. Pero desde la ciudadanía, señalan los promotores, porque los grupos de poder no han dado respuestas.

En su manifiesto inicial, los firmantes -entre los que están activistas sociales y de derechos humanos, profesionales, catedráticos universitarios, artistas y periodistas- dicen: “La lucha anticorrupción no admite tibiezas y debe ser asumida como un nuevo Pacto Ético en el Ecuador. La tarea de elevar los niveles de integridad tiene que involucrar a todos los sectores por igual: actores públicos y privados, organizaciones ciudadanas, sujetos políticos, la academia y más”.

Y hacen un llamado público a diferentes instancias, desde la Asamblea Nacional hasta los partidos y movimientos políticos, incluso a las propias organizaciones de la sociedad civil, a trabajar para erradicar la cultura de la tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

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Pero más allá de lo declarativo, la iniciativa trabajará en tres aspectos de la lucha anticorrupción, dice Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de PC.

Primero buscan armar un proyecto de reforma del Estado que lo haga más eficiente, que no deje vacíos que den vía libre a las prácticas corruptas. En eso ya se halla un equipo de abogados que elabora textos para cambios constitucionales y legales.

Entre ellos está, por ejemplo, Napoleón Santamaría. El experto en derecho económico y tributario ve necesario realizar una reorganización geopolítica del país para evitar la duplicación de funciones y el manejo desordenado de los fondos públicos. Así se podría reemplazar varios niveles de gobierno, como municipios o prefecturas, por distritos. No habría ya 221 alcaldes sino 6 o 12 líderes distritales, ejemplifica.

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Hidalgo habla además de la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permita la coordinación de las instancias relacionadas, como los organismos de control, los órganos de justicia y de contratación pública.

Como segundo eje, señala la directiva de PC, apuntan a identificar y apoyar otros proyectos ciudadanos que estén en sintonía con la lucha anticorrupción.

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Uno de ellos es la Mesa Nacional de Valores, que surgió el año pasado de los diálogos que promovió el llamado Acuerdo Nacional por la Educación.

Su coordinadora, Anunzziatta Valdez, quien además es integrante de PC en Guayas, señala que el grupo ha trabajado en planes de estudios y capacitación en valores para estudiantes y docentes que ahora implementa el Ministerio de Educación y que habían desaparecido de las mallas curriculares en el anterior Gobierno.

“Este tema es fundamental porque sin los valores ninguna reforma legal tendrá resultados. Si las personas no tienen principios, simplemente verán la forma de saltarse las normas. Hay que cambiar a los ciudadanos. Personas éticas, responsables, con valores cumplirán la ley, no tolerarán la corrupción, no le pasarán plata al vigilante...”, dice Valdez.

Y por último, la iniciativa Pacto Ético recogerá ideas de los “ciudadanos de a pie” que se incluirán en documentos que se entregarán a diferentes autoridades.

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Desde el pasado lunes está habilitada en su página web (www.participacionciudadana.org) y sus redes sociales una plataforma con ese propósito. Funcionará por unos quince días, dice Hidalgo.

En la difusión de este Pacto Ético colaborarán líderes de otros proyectos. Como Rodrigo Beltrán, director de la cátedra Unesco para la Cultura de Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), quien indica que “en un primero momento buscarán ‘hacer ruido’ sobre la iniciativa para que más personas se sumen, y luego habrá otras acciones concretas, como monitorear la campaña política que se viene y tratar de introducir las ideas en el debate público”.

Hidalgo cree que el momento preelectoral que ya se vive en el país es propicio para hacerse escuchar con fuerza. Y espera que las propuestas sean consideradas como insumos para los planes de Gobierno de los aspirantes presidenciales a quienes, por cierto, se encargarán de fiscalizar con otro proyecto: rastrear sus patrimonios y calificar sus hojas de vida.

“Los procesos electorales abren una puerta para que la sociedad civil alce su voz y para que los partidos y movimientos se abran a sus propuestas. Hemos pasado mucho tiempo callados, confiando en que quizás nuestros políticos sean conscientes o empáticos, pero es obvio que no es así”, dice la activista.

Tres índices de corrupción en los que aparece Ecuador

Percepción

Tres de cada cuatro ecuatorianos admiten que están dispuestos a pagar una coima si esto les permite acceder a algún servicio más rápido o de mejor calidad. Es una de las conclusiones del Barómetro de las Américas, que realiza cada año la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos). El estudio señala, además, que la percepción de corrupción política en el país es muy alta: cerca de dos de cada de tres entrevistados opinan que “más de la mitad” o “todos” los políticos están involucrados en actos de corrupción.

Contratación pública

Ecuador se ubica en el puesto 19 en el Índice de Transparencia en Contratación Pública, en el que se evaluó a 38 países. Obtuvo una calificación de 69,05 puntos sobre 100. Entre los temas por mejorar están la inclusión de medidas de protección a denunciantes de irregularidades, la adopción de mecanismos de consulta y planificación con empresa privada y sociedad civil, la obligación de tener personal responsable de los procesos de contratación en cada entidad y parámetros de evaluación de ofertas con criterios ambientales y sociales.

Capacidad de lucha anticorrupción

En la segunda edición del Índice de la Capacidad para Combatir la Corrupción, realizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, se incluyó por primera vez a Ecuador. Se le otorgó una calificación de 4,19 sobre 10, ocupando el noveno lugar entre 15 países de la región. Los investigadores dicen que “se han visto progresos en áreas críticas” como el juicio del caso Sobornos y que para elevar el índice se debe “fortalecer la rama judicial, la capacidad de jueces y fiscales para investigar y sancionar a corruptos”. (I)