La polémica compra de insumos médicos para atender la emergencia del coronavirus en Ecuador –que fue suspendida por el Seguro Social luego de varias denuncias de sobreprecio e irregularidades– señala a Miguel Ángel Loja, exdirector del IESS, y a su equipo de trabajo como responsables del proceso; pero la suerte del presidente del Consejo Directivo, Paúl Granda, aún es incierta.

Ayer, la Contraloría informó que envió a la Fiscalía un informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en el que no se contempla ninguna participación de Granda, pues Miguel Ángel Loja “tampoco informó al Consejo Directivo de la entidad (presidido por Granda) sobre la compra”.

Es el mismo argumento que esgrime la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia: que si bien hubo irregularidades y posible sobreprecio, la adquisición no fue notificada al Consejo Directivo.

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Este Consejo está dirigido por Granda, delegado del presidente Lenín Moreno; y Felipe Pezo, de los empresarios. La plaza de los trabajadores está vacante.

En el 2018, Miguel Ángel Loja fue asesor, subsecretario y viceministro en la cartera de Transporte, donde Granda fue ministro entre el 2017 y mayo del 2018 (luego fue secretario de Gestión de la Política y de ahí pasó al IESS). Ambos coincidieron luego en el Seguro con la contratación de Loja, en junio del 2019.

La cercanía entre los dos funcionarios provocó dudas, al punto que las cámaras empresariales al conocerse del fallido contrato con un probable sobreprecio pidieron la renuncia de Granda, quien, no obstante, sigue en funciones.

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Tanto el IRP de Contraloría como el reporte de Anticorrupción se suman a la investigación que también inició la Fiscalía y en la que, incluso, la semana pasada hizo allanamientos.

La Contraloría aún no termina la determinación de responsabilidades, pues aún están pendientes los informes sobre si hubo perjuicio al Estado, lo que conlleva a glosas, o si caben sanciones administrativas, que abarcan desde multas hasta la destitución. (I)

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Indicios penales

Según Contraloría, el exdirector ordenó una compra por $9,4 millones, cuando solo podía hacerlo hasta por $7 millones, provocó desabastecimiento para enfrentar la pandemia y declaró una emergencia que era competencia del Consejo Directivo.

Costos de mascarillas

Denuncias sostienen que el IESS intentó comprar mascarillas que costaban menos de $5 en $12 por unidad.

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