Techo del 40% de deuda sí fue superado en el 2016

Tras el informe borrador de la auditoría de la Deuda Pública emitido por la Contraloría, hay una certeza: el techo de la deuda –que es del 40% del PIB– fue superado y violentado ya en diciembre del 2016. Aunque tras el informe ha habido una serie de interpretaciones sobre los números, lo cierto es que al aplicar normas discrecionales, el Gobierno anterior buscó ampliar el techo de endeudamiento más allá de lo legal.

Un simple ejercicio permite llegar a esta conclusión: la deuda pública del Gobierno en diciembre del 2016 llegaba a $ 38.136 millones, mientras que las preventas petroleras (que también son deuda) llegaron, según el Ministerio de Finanzas a $ 1.600 millones y según EP Petroecuador, a $ 2.200 millones. Solo agregando estos valores a la deuda pública esta habría cerrado en 41,2% y 41,9%.

Pero las cifras van más allá. El contralor Pablo Celi dio a conocer dos montos de obligaciones del Estado como parte de los hallazgos de la auditoría. Se basan en el Estado de situación financiera del Sector Público No Financiero que le entregó el propio ministerio. El informe dice que a diciembre del 2016 los pasivos llegarían a $ 65.749 millones (67% del PIB) y que la deuda pública a ese corte sería de $ 50.550 millones (52,54%).

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Estas cifras distan de las publicadas por Finanzas en su web en diciembre del 2016. Según su boletín oficial, entonces la deuda pública (interna y externa) era $ 38.136,6 millones, 39,6% del PIB. Ya en esta fecha se había emitido el Decreto 1218 por el cual se establecía que el techo se calcularía ya no en base de toda la deuda, sino solo de la consolidada (que descarta la interna con entidades públicas) y que por tanto a esa fecha quedó en $ 26.810,6 millones, es decir, 27,9% del PIB. Así se abría la puerta a seguir contratando deuda, sin la camisa de fuerza del techo del 40%, según el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

¿Cómo llega la Contraloría a establecer que no eran $ 38.136,6 millones, sino más de $ 50.550 millones?

De acuerdo con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, en el Estado de Situación Financiera, existen varios rubros que no se han publicado. El último que Finanzas ha hecho público es el del 2013. Estos valores tienen que ver con los pasivos de corto plazo: Cetes y los atrasos. Los primeros, dejaron de ser considerados deuda luego de que la normativa de no considerar deuda si el plazo es menor a un año. Los segundos, por ley, deben considerarse deuda, pero no se los estaba presupuestando. Así al cerrar 2016 había Cetes de $ 4.400 millones y unos $ 7.970 millones en atrasos.

Sin embargo, dentro del monto de $ 65.749 millones tendría una serie de factores aún no expuestos, aunque entre ellos estarían justamente las preventas petroleras, pasivos con el IESS, entre otros.

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Para Eduardo Valencia, de la veeduría que colaboró con los auditores de la deuda, lo más importante es el monto total de las obligaciones. Dijo que Cepal en informes no públicos establece prácticamente los dos valores de $ 55.000 millones y $ 65.000 millones. Explicó que Contraloría no acepta –por ilegal– el cálculo modificado del techo. Y que si bien el FMI maneja la categoría de deuda consolidada esta se aplica más bien entre ministerios, pero no con entidades como el IESS que no tiene dineros públicos, sino los de los afiliados.

La Cámara de Comercio de Quito hizo un cálculo propio en base a los datos de la Contraloría y estima que las obligaciones llegarían a más de $ 90.000 millones, al sumar el endeudamiento del actual Gobierno y otros contingentes. (I)

Descargos
Este miércoles los auditados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, deberán entregar los descargos sobre el borrador de la auditoría. Él dice que el artículo 124 del Código de Finanzas Públicas no define cómo calcular el saldo de la deuda y que el Decreto 1218 se lo hizo para definir aquello. Roberto Aspiazu, recordó que esa ley indica que una vez superado el límite de endeudamiento se debe pedir a la Asamblea que apruebe los nuevos endeudamientos.