El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, tiene 30 días laborables, contados desde este 17 de octubre, para presentar ante la Contraloría sus descargos frente a posibles incumplimientos en el registro de una deuda del Estado.

Si no lo hace, la sanción administrativa de destitución, ya emitida bajo la figura de predeterminación de responsabilidades administrativas, se haría efectiva y el funcionario no solo dejaría el cargo, sino que debería pagar una multa.

En septiembre del 2016 el IESS eliminó –sin sustento, según la Contraloría– $ 2.527,8 millones del balance de comprobación del Fondo de Salud, por lo que dispuso a Espinosa y al resto de autoridades que “se deje sin efecto la baja de los valores registrados en la cuenta por cobrar del Estado” y “se proceda a revelar el valor de la deuda indicada”.

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En un recorrido por Yachay, el contralor Pablo Celi informó ayer que también notificó a otros 17 directivos del IESS. La infracción: incumplimientos en la reversión contable al haber registrado, por ejemplo, $ 719 millones en otras cuentas por cobrar (correspondientes a enfermedades catastróficas) y en la conformación de una comisión que cuantifique el valor definitivo de la deuda, con su correspondiente forma de pago.

Espinosa aseguró, en su cuenta de Twitter, que presentará los descargos en los 30 días de plazo y que, de ese modo, la destitución no procedería.

Examen a Vicepresidencia de Jorge Glas

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En otro tema, la Contraloría dispuso un examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Vicepresidencia de la República entre el 2 de agosto y el 4 de octubre de este año. Durante ese periodo, Jorge Glas, quien se encuentra detenido por las investigaciones del caso Odebrecht, ejerció el cargo sin funciones. Desde el 2 de octubre cumple con prisión preventiva en la Cárcel 4, en el norte de Quito.

“El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 33 días que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final”, se explica en la orden de trabajo emitida por la Contraloría el pasado 5 de octubre. (I)