Al menos 18 dirigentes sociales de las poblaciones afrodescendientes y éperas del norte de la provincia de Esmeraldas junto a miembros de la ONG Acción Ecológica presentaron esta mañana una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional (CC), en Quito, por la no aplicación de las medidas cautelares que otorgó el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo, el 24 de marzo de 2011, a 89 comunidades para frenar la actividad minera de la zona que ha contaminado ríos y esteros, según reportes del Ministerio del Ambiente. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también presentó la denuncia. 

Lorena Valdez, vicepresidente de la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas Timbiré en el Futuro, aseguró que la minería sigue contaminando sus territorios y afluentes sin que haya respuesta de las autoridades competentes.

“Los ministerios, municipios, prefecturas, no han respondido a esta problemática de la explotación minera de forma adecuada... entre 2011 y 2014 hubo la transición de gobiernos seccionales, esto afectó para que se conozca el alcance de las medidas cautelares y terminó en el poco interés de las autoridades en acogerlas, y por eso seguimos tomando agua que no es apta para consumo”, dijo.

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La Secretaría Nacional del Agua (Senagua) informó la semana pasada que el Comité Interinstitucional de Calidad del Agua, integrado por los máximos representantes de Senagua y los ministerios de Salud y del Ambiente, se reunirá este mes de octubre en Esmeraldas para analizar las denuncias de contaminación y la expansión de monocultivos como palma africana en la zona norte de esta provincia.

Sin embargo, Valdez sostuvo que los pobladores de las comunidades afectadas no han sido notificados de la realización de dicho encuentro. “No tenemos conocimiento de esa reunión, nuestras comunidades están desesperadas, estamos buscando quién nos ayude a denunciar lo que estamos viviendo”, señaló.

Para Nathalia Bonilla, miembro de Acción Ecológica, la acción legal presentada es para exigir que las medidas cautelares se cumplan. “Desde el 2011 se ha realizado muy poco por estas comunidades, la contaminación sigue, las enfermedades continúan, no se ha respetado la orden del juez”, sostuvo.

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La activista aseguró que actualmente no existe una coordinación entre autoridades y población local para enfrentar el problema. “Los principales afectados no conocen los supuestos programas o encuentros que realizarán las instituciones del Estado, no los están tomando en cuenta y cuando hacen eso las cosas no salen bien... ni los propios ministerios competentes en el tema se han coordinado para aplicar las medidas cautelares”, indicó. (I)