La iniciativa del gobierno de Lenín Moreno de consulta popular y enmiendas constitucionales pasó el primer filtro de la Corte Constitucional (CC), al ser admitida a su trámite.
Ayer por la mañana, una Sala de Admisión integrada por las juezas Tatiana Ordeñana, Wendy Molina y Ruth Seni conoció el contenido de la causa, presentada por el presidente Moreno, que contiene siete preguntas relacionadas con la lucha contra la corrupción, institucionalidad, ambientales, electorales.
Un comunicado oficial de la Corte confirmó que se admitió la causa porque se cumplió con los “presupuestos de forma, constitucionales y legales”.
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De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, así como el Reglamento de Sustanciación de Procesos, al máximo órgano de control constitucional le tomaría unos 30 días emitir su pronunciamiento, antes de que el jefe de Estado expida el decreto ejecutivo convocando a consulta popular.
Luego de la admisibilidad, el Pleno deberá sortear al juez ponente, que según el artículo 67 del reglamento interno, tendrá “quince días a partir del momento en que el expediente se encuentre en su despacho” para plantear su postura; mientras que los nueve jueces “lo resolverán dentro de diez”.
En la certificación del caso se precisa que “no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción”.
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Sin embargo, se “deja constancia” de que la iniciativa tiene relación con cinco causas que ya fueron resueltas.
Por ejemplo, las Enmiendas Constitucionales de diciembre del 2015, impulsadas por la legisladora Gabriela Rivadeneira y el bloque de AP.
Otras tres que se encuentran en sustanciación y cuatro más que fueron inadmitidas.
Uno de los casos en sustanciación se refiere a una recusación al juez y presidente de la CC, Alfredo Ruiz, presentada por Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, y otros dirigentes sindicales, que demandaron la inconstitucionalidad de dichas enmiendas.
Y una inadmitida es un pedido que hizo el exlegislador Gilmar Gutiérrez, para que estas enmiendas se aprueben mediante consulta popular. (I)
Posturas de organizaciones sobre el plebiscito
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Conaie y Acción Ecológica, atentos
Severino Sharupi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, señala que en la pregunta sobre minería metálica falta que la prohibición incluya también a las fuentes de agua y territorios ancestrales, además de la derogatoria del artículo 407 de la Constitución que se refiere a una excepcionalidad. Para Luis Sánchez, de Cascomi (Tundayme, en Zamora Chinchipe), tampoco se refiere a evitarla en el sector rural. Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, dice que la pregunta reconoce que se han violado derechos a los pueblos y a la naturaleza. “Legitima todas las denuncias” de las poblaciones. Indica que las concesiones mineras han pasado entre 2016 y 2017 del 3% al 11%. “Seguiremos atentos, seguiremos movilizados y seguiremos exigiendo que se respeten nuestros derechos”. (I)
Apoyo de Montecristi Vive, pese a críticas
Para el movimiento que lidera el exoficialista y ex presidente de la Constituyente Alberto Acosta, la consulta es insuficiente pero importante. “Aunque tibio, es un primer paso en un largo camino para descorreizar el Estado”. (I)
FUT pide votar Sí en todas las preguntas
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) hizo público ayer su apoyo a la consulta adelantando que votará por el Sí en todas las preguntas e hizo un llamado a los trabajadores a seguir esta iniciativa, aunque a decir de José Villavicencio, presidente del FUT, hay varios puntos que no fueron tomados en cuenta y esperan que el Ejecutivo los solucione a través de derogatorias y decretos, como una reforma a la Ley de Justicia Laboral. “Le tomamos nuevamente la palabra, para que se recupere ese 40% sobre las pensiones jubilares”. (I)

















