Pareciera que el presidente Moreno retrocedió en su promesa de solicitar a la ONU laconformación de una Comisión Internacional de lucha contra la corrupción. La canciller Espinosa se pronunció, la “soberanía nacional está por encima de cualquier interés”. Anacrónico discurso ya superado por tratados internacionales, incluidos los de protección de derechos humanos (generalmente impulsados por ideologías de izquierda), donde los Estados suscriptores comparten la soberanía. La funcionaria dijo, “tenemos instituciones fuertes... Ecuador quiere generar estándares para todos los países...”.

¿Acaso pretende que ignoremos la gran debilidad institucional de nuestro sistema de justicia sometido por el correísmo? En Guatemala también se opusieron a conformar una Comisión Internacional de lucha contra la impunidad, especialmente grupos interesados en mantener subordinado el sistema de justicia. Para entonces ese Estado, en una situación similar a la de Ecuador, estaba capturado “por estructuras criminales y por corporaciones privadas con el propósito de lucrar, unos de manera ilícita y otros para mantener lícitamente, pero mediante sobornos y otras formas de corrupción, el monopolio u oligopolio de mercados estratégicos”, conforme observó Édgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Revista Nueva Sociedad). Según él, una agrupación de jóvenes científicos sociales guatemaltecos, detectó que organizaciones criminales en su relación con el Estado, habían construido estructuras parasitarias en el 2000 y “sentaban sólidas bases (…) de interdependencia con el sistema político (…) en los negocios compartidos en puertos, aeropuertos, aduanas...”. Claro, Guatemala no tiene petróleo.

La sociedad guatemalteca reconoció que el Estado carecía de condiciones para combatir tan desbordante nivel de corrupción o para mitigar sus efectos, por ello se concibió una forma distinta de cooperación internacional, más allá de la observación, asesoría y mera transferencia “técnica” de capacidades institucionales. El diagnóstico fue, y es precisamente lo que necesitamos en Ecuador, pedir investigadores y fiscales internacionales que cooperarían con el Ministerio Público guatemalteco y que a la vez tendrían capacidad de acción autónoma. Que no se casen con nadie, como reza el dicho. Allá como acá hay influencias culturales, siempre presentes en toda investigación y procesamiento de actos de corrupción, que es imperativo neutralizar. Así fue como en Guatemala se hizo realidad la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Lo confirmó en Telesur (mayo, 2016), su corresponsal guatemalteco Mario Rosales, ante la pregunta: ¿Era necesaria la intervención de la CICIG en Guatemala, para lograr llevar ante la justicia al expresidente Pérez Molina, acaso no era suficiente la institucionalidad del país para hacerlo?, respondiendo: “¡Imposible!…, la verdad es que el sistema de justicia guatemalteco está penetrado, permeado por el crimen organizado, de hecho varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia están siendo hoy en día investigados. Tan solo hace dos semanas un magistrado renunció porque está vinculado al último escándalo de corrupción de Otto Pérez Molina. Otro magistrado también fue desaforado (…) vinculado a casos de corrupción de Otto Pérez Molina (…) o sea que era imposible, era sumamente imposible”. Es decir, es insuficiente la institucionalidad para purgar al Ecuador. Si quieren, luego hablamos de soberanía.(O)