La intención presidencial de Lenín Moreno de ir a consulta popular abre el debate

Uno de los primeros filtros que deberá enfrentar una eventual consulta popular es la Corte Constitucional que tendrá que emitir dictamen y si es favorable, lo pasará al Consejo Nacional Electoral para ejecutar la consulta. El presidente Lenín Moreno dijo el lunes que si “alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad del país” la opción es acudir a la voluntad del pueblo. “Jamás hipotecaré este proyecto a intereses contrarios a la democracia y la justicia. Antes que retroceder, preferiré acudir al pueblo para que en su fuerza dirima y señale los caminos”.Para el legislador Luis Fernando Torres (PSC), dependerá de la forma en que plantee el Ejecutivo su pedido, pues si simplemente pide una opinión a la ciudadanía, esos textos deben ser introducidos por la Asamblea en una reforma constitucional y llevaría tiempo; pero si en el referendo incluye los textos con los cuales se reformaría la Constitución, tiene un efecto distinto e inmediato. Lea también: El presidente Lenín Moreno no descarta consulta si tiene alguna ‘obstrucción’ Los sectores de oposición respaldan el anuncio de la consulta y ya hablan de los temas a incluir; en Alianza PAIS aún no se alinean los 74 legisladores, esperan una reunión con el mandatario para conocer el objetivo y el contenido de la misma.Entre los temas propuestos desde PSC, CREO, ID, Pachakutik, SUMA e independientes está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, con el argumento que no constituyó un filtro en la designación de las autoridades del control. Fernando Callejas (CREO) cita la designación de Carlos Pólit, por tres periodos como contralor y ahora involucrado en el caso Odebrecht.Si la Corte Constitucional, que es producto del proceso de selección que ejecutó el Consejo de Participación, añade Callejas, obstaculiza o frena el llamado a consulta, la vía será la presión social. Lea también : Más sectores respaldarían una consulta popular en Ecuador En AP no existe consenso para que en una eventual consulta se incluya eliminar el consejo ciudadano y cesar las autoridades elegidas por este. Doris Soliz (AP) dijo que el debate no está en el mecanismo, sino en el contenido: “Jamás auparemos ningún mecanismo para regresión de derechos o privilegios de grupos particulares”. (I)Anunziatta Valdez, del Movimiento de Mujeres del Ecuador, considera que la consulta popular es urgente porque a través de esta “se puede revertir aquello que ilegalmente se hizo y desmontarse toda la estructura creada para propiciar la corrupción en el país”.Manifiesta que a través de este referendo se debe dejar sin efecto a los “funcionarios que han demostrado una actitud contraria a los derechos del pueblo, porque apoyaron procesos corruptos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría, Fiscalía (...)”.Valdez dice que se debe poner orden porque la institucionalidad pública es básica y fundamental en la sociedad.Ángel Sánchez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols), señala que en la convención nacional que tuvieron en agosto, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) resolvió apoyar el llamado a una consulta popular.Aspira a que en ella se traten temas como las reformas que afectan a los trabajadores: la devolución de los fondos de cesantía del Seguro Social, la restitución inmediata del 40% que el Estado tiene que aportar a la seguridad social y el Decreto 16. “La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que no ha fiscalizado nada, la independencia de poderes... Ir a una Constituyente sería mejor”.Fernando Simbaña, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), dice que quieren una consulta popular para cambios, por ejemplo, “en el Consejo de Participación Ciudadana, que debería desaparecer porque es un ente muerto. Solo deciden ellos quién va a la Contraloría, la Fiscalía y las superintendencias. Sería bueno también que algunos ministerios se unificaran, se ha creado más burocracia. Necesitamos un cambio. Nueva gente, nuevos rostros, gente honesta. La gente necesita la consulta para enterarse, que la gente decida, los campesinos estamos dispuestos a colaborar. Ya no podemos aguantar más”. Para Armando Astudillo, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), “la consulta no es algo ilegítimo, es hasta cierto punto saludable... Se debería apuntalar el proceso donde es más débil: un replanteamiento de la política agraria, cómo resolver problemas de comercialización, semilla y riego... El Consejo de Participación tiene que ser reestructurado, por ejemplo, cómo se elige a los miembros, que sea más amplio, más inclusivo. No hay que tenerle miedo al pueblo, el presidente tiene un alto grado de aceptación, pero también tiene que construir su base de apoyo real. La consulta debe ser un ejercicio de apoyo de la gobernanza”. Consultar a los ciudadanos las veces que sean necesarias sobre temas de interés público es clave para la democracia. Así lo considera César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y miembro de la Comisión Anticorrupción, núcleo Guayaquil.Menciona que uno de los temas a consultarse debería ser la cesación de funciones de todas las autoridades de control porque “no han hecho el trabajo como deberían”, sino que han beneficiado a un partido y movimiento político durante estos diez años.Según Cárdenas, la crisis de institucionalidad debe ser prioridad en la consulta.Yaku Pérez Guartambel, líder de la Ecuarunari, sostiene: “La consulta popular es el mejor instrumento jurídico y, democráticamente, sería una salida a esta crisis institucional que vivimos, esta tortura institucional en la que vivimos los ecuatorianos. La manera de ‘descorreizar’, de liberar a la justicia secuestrada, la justicia constitucional, ordinaria, electoral..., sería llamar al pueblo a las urnas para que se exprese si está de acuerdo o no con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.... Y, si la Corte Constitucional no da paso, habría que aplicar el artículo 444 de la Constitución, ir a una Asamblea Constituyente, creo que es la fórmula”.Al no conocer cuáles serían los puntos a consultar, Franklin Columba, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), indica que deben “esperar el informe o planteamiento del presidente Lenín Moreno, para hacer un análisis y sacar una resolución”.“Lo que puedo manifestar es que todos los grupos que siempre han atacado al proyecto de cambio tratan de incidir en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana; creo que este no es el mecanismo, nosotros no estaríamos dispuestos a apoyar si es que fuera esa figura que quisieran poner en la consulta”. Daniel Cañola, presidente de la Asociación de Negros del Ecuador, ve muy prematuro llamar a una consulta, porque hasta ahora no hay argumento o bases legales. “No hay idea de cuáles son los puntos a tratarse. Pero si hay coherencia en la sociedad, podrían aceptar que vamos a la consulta”.“Esperamos que digan la fecha y el día para cuándo será... Somos aportantes, vamos a proponer nuestros criterios... Sí está bien que se llame a la consulta, pero siempre y cuando se sepa a qué dirección van... No vamos a permitir que una consulta vaya en beneficio de una esfera social y vaya a perjudicar a los que hemos luchado siempre”.A la exconstituyente María Paula Romo le parece importante la posibilidad de la consulta como un mecanismo para superar una posible tensión política o las diferencias que puede enfrentar Lenín Moreno con la estructura correísta en el Estado: la bancada de gobierno y los órganos de control. “Permitiría atacar el problema del sistema que permitió la corrupción e impunidad y que tiene que reformarse. Se debe dar marcha atrás en la reforma que permitió al Ejecutivo controlar la Función Judicial, eliminar la figura de la reelección indefinida y desaparecer el Consejo de Participación, usado para cooptar los órganos de control”.Para el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, una eventual consulta popular sería positiva para el país, debido a que según él, “el legado institucional del correísmo es tóxico: hiperpresidencialismo, concentración de poderes, centralismo y justicia politizada”.El dirigente cree que en la consulta popular se debe preguntar sobre la eliminación de la reelección presidencial indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, derogar la Ley de Comunicación, y otras medidas en una línea a la que denomina prolibertades civiles. “Es positivo para todo Ecuador y cuenta con nuestro apoyo”, dijo. (I)

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