“Ecuador ha pasado por todo en la selección de jueces. Hemos ido desde la Asamblea, al nivel Ejecutivo, hasta la cantaleta del poder ciudadano. Sin embargo, los escenarios de poder siguen siendo los mismos. Lo que se necesita son personas transparentes, de calidad”.

Lo dice Carlos Poveda, que coordinó la Veeduría Internacional, presidida por el jurista español Baltazar Garzón, para la elección de la actual Corte Nacional de Justicia.

En los últimos 33 años, las cortes se vieron interferidas por el poder político en cuatro momentos: Cuando el expresidente León Febres-Cordero militarizó la Corte Suprema de Justicia en 1984. En 1997, cuando el gobierno interino de Fabián Alarcón convocó a consulta popular para modernizar la Función Judicial.

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En 2004, el Congreso cesó a los magistrados de la denominada ‘Pichicorte’, en referencia el entonces titular, Guillermo Castro Dáger, en el gobierno de Lucio Gutiérrez (derrocado). Su sucesor, Alfredo Palacio, emprendió una nueva reforma que demoró doce meses y se hizo con una comisión integrada por juristas ecuatorianos y monitoreada por Leandro Despuy, de las Naciones Unidas.

Y la última, hecha por el expresidente Rafael Correa, quien en el 2011 reconoció que quería “meter las manos” en la justicia y convocó a una consulta popular que creó un Consejo de la Judicatura de Transición, que eligió a la actual Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Judicatura fue sustituida por un nuevo Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo presidente, Gustavo Jalkh, fue secretario particular del exmandatario.

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En las últimas semanas se filtraron correos electrónicos en el portal Factores de Poder, que revelaría un supuesto intercambio de mensajes entre funcionarios. En uno de ellos, Jalkh informa a Correa que destituyó a una jueza por dar paso al habeas corpus al empresario Álvaro Noboa. Y la autoridad reconoció esos correos, pero dijo que “no tiene ninguna implicación que vulnere la independencia de la justicia. Son temas de mi competencia, de competencia del CJ”.

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Para Enrique Herrería, exlegislador y exdirector del Observatorio de Derechos y Justicia, los políticos buscan el control de la justicia para que haya vía suelta “para promover corrupción y garantizar la impunidad. Y se buscan jueces que obedezcan órdenes políticas”.

Farith Simon, catedrático y jurista, afirma que hay jueces probos. Pero “es el sistema el que no permite tener jueces independientes porque está diseñado para ello”. Reprocha que el llamado error inexcusable “ejerce presión política en los jueces, y se ha perfeccionado en este último Consejo de la Judicatura. No hay sorpresa en la injerencia en la justicia”.

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Poveda recordó que la Veeduría Internacional ya advirtió que esta figura afectaría la independencia. Cuenta que él mismo sintió la presión presidencial en el caso indígena de La Cocha. “Me sorprendió que en el caso de justicia indígena, Jalkh dice que somos seudohumanistas. Eso comprueba que todas las denuncias que se venían diciendo eran realidad. Este es un tema que no solo afectó a la reforma, sino que me afectó en el ejercicio profesional”. (I)

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25 de mayo de 1997, consulta popular
¿Considera usted necesario modernizar la Función Judicial, reformar el sistema de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que su origen sea la propia Función Judicial; nombramientos sin sujeción a periodos fijos que observen los criterios de profesionalización y de carrera judicial que establezca la ley?