Ni el excontralor Carlos Pólit ni el tío del vicepresidente Jorge Glas, Ricardo Rivera, son parte de la misma causa. Y al mismo tiempo, lo son. Igual sucede con exfuncionarios, empresarios, ejecutivos... Cada uno bajo un paraguas mayor: Odebrecht.

Una vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre del año pasado, divulgó un informe que revela la confesión de la constructora de haber pagado millonarios sobornos en 12 países, la Fiscalía abrió una investigación, pues en ese documento se decía que la firma había repartido $ 33,5 millones en coimas en Ecuador.

A ocho meses del escándalo, en el país están abiertas cuatro instrucciones fiscales y una investigación previa. En ambas fases el fiscal deberá reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo para decidir si formula o no la imputación, según el Código Penal Integral, vigente desde el 2014.

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La investigación previa podría durar entre uno y dos años, para los delitos que implican privación de la libertad; mientras que la instrucción, máximo 120 días.

En el gran caso Odebrecht, al momento se encuentra abierta una investigación previa a la construcción del metro de Quito, por el posible delito de delincuencia organizada. No hay procesados aún. La obra, financiada por organismos internacionales, está a cargo del consorcio Acciona-Odebrecht.

Cuatro delitos

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Del caso Odebrecht, también hay cuatro instrucciones: una por asociación ilícita, en la que está involucrado Ricardo Rivera; una por concusión, que se lleva en contra del excontralor Carlos Pólit, y dos por lavado de activos, en los que están procesados, por ejemplo, el exministro de Electricidad Alecksey M. y el exgerente de Transporte de Petroecuador Ramiro C.

Solamente en el caso de asociación ilícita, los pagos por supuestos sobornos llegarían al menos a $ 41 millones, a través de varias empresas de fachada en paraísos fiscales.

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Aunque no está procesado, Glas ha sido nombrado en audios y en testimonios en varios casos, pues estuvo a cargo como ministro y como vicepresidente, de supervisar y coordinar las decisiones de los sectores estratégicos: electricidad y petróleo, especialmente.

Los tiempos se empiezan a vencer: mañana 22 de agosto, concluye la instrucción fiscal por lavado de activos contra el exministro de Electricidad y otras tres personas.

El 3 de septiembre finaliza el plazo de la instrucción por asociación ilícita. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar ha anunciado que se vinculará a nueve personas más, por lo que el proceso se extendería hasta el 3 de octubre. Una vez que lleguen esas fechas se realizarán los llamados a juicio.

Los investigados al momento tienen suertes distintas: hay dos detenidos en Latacunga, uno en Quito, cuatro en Guayaquil, cinco con arresto domiciliario y dos –como Pólit– prófugos. (I)

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