La Contraloría realizará una auditoría a la deuda pública a fin de examinar la legalidad, fuentes y usos de esta, desde el 1 de enero de 2012 al 23 de mayo de 2017. Mediante el Acuerdo 024 CG 2017, el contralor encargado Pablo Celi consideró ‘imprescindible’ el examen, dada la situación de la deuda pública descrita por el presidente Lenín Moreno, en cadena, el 28 de julio pasado.

Moreno dijo que la deuda está en $ 41.893 millones; pero también transparentó que existen $ 8.000 millones más de otros pasivos entre preventas petroleras, deudas de corto plazo y a las empresas petroleras privadas. Admitió que hay $ 4.367 millones de contingentes como la deuda de Salud al IESS y $ 1.000 millones para jubilados. Todo llega al 55% del PIB.

La acción de control se aplicará al Ministerio de Finanzas, Banco Central, Senplades y más entidades relacionadas con la contratación de deuda.

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Se trabajará con un equipo de varias unidades de la Contraloría y se podrá solicitar personal asesor especializado durante el examen. También se conformará una veeduría ciudadana que vigilará el examen.

Ayer, la asambleísta Mae Montaño (CREO) acudió a la Contraloría a pedir que el organismo inicie un examen especial. Esto al considerar que el anterior régimen no transparentó las cifras y que no se habrían registrado varios rubros de la deuda interna entre el 2014 y el 2016 y que superarían $ 2.200 millones.

Según la Constitución, el Comité de Deuda es el responsable del endeudamiento. Este está conformado por el presidente de la República, o su delegado, el ministro de Finanzas y el secretario de Senplades.

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En Twitter, el expresidente Rafael Correa aseguró que la deuda ya fue auditada hasta el 2015, por lo que una doble auditoría sería ilegal. Dudó de la honestidad del examen; “todos sabemos lo que buscan”. (I)