El Gobierno nacional para superar la actual crisis fiscal puede obtener recursos para ayudar a financiar el Presupuesto General del Estado si vendiera muchos bienes que tiene abandonados o están en procesos judiciales que no se agilitan en los tribunales y juzgados de la República.

Muchos edificios abandonados, como el caso de un complejo ubicado en la ciudadela Las Acacias, sobre la avenida 25 de Julio, donde hace años funcionó la Junta Nacional de la Vivienda; el que está en la avenida Domingo Comín, que fuera sede de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, o el inmenso terreno donde estuvo la Empresa Nacional de Alcoholes, en el cantón Eloy Alfaro, Durán, para solo nombrar tres de los muchos bienes que deberían venderse para obtener los recursos que tanto se necesitan.

Es conocido que en varias provincias del país existen edificios, haciendas o empresas que están en litigio judicial porque fueron incautados a las empresas financieras que quebraron durante la época del feriado bancario, a narcotraficantes, a contrabandistas, o a los evasores de impuestos, y que sumarán seguramente centenares de millones de dólares, pero que lamentablemente dichos procesos están estancados por desidia de los representantes del Estado o por lentitud de los administradores de justicia.

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Es hora de que el actual Gobierno ponga primordial interés en estos bienes, para que solucionados los problemas judiciales se los ponga en subasta para recuperar dichos recursos y utilizarlos en las obras y programas sociales que beneficien al pueblo, tal como lo ofreció en su programa durante la pasada campaña electoral y a la vez dinamice la economía nacional. (O)

José Gorotiza Véliz,
Licenciado, Guayaquil