El periodista Martín Pallares es la primera persona demandada por Rafael Correa en su etapa pospoder. Desde que empezó su mandato, en el 2007, fueron más de 25 los que enfrentaron al ahora exmandatario ante los tribunales.

Esta nueva demanda aduce descrédito, deshonra, y aunque en ella no habla de un monto para resarcir el presunto daño ocasionado reclama “indemnizaciones civiles en el monto que (el juez) considere pertinente”, según la parte demandada. Las cifras en que Correa ha cuantificado su honra han variado en cada proceso, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura y los reportes de prensa y Fundamedios.

Diez años atrás, cuando era presidente electo y a cuatro días de asumir el poder, Correa demandó por daño moral al Banco Pichincha y planteó $ 5 millones de indemnización. La cifra se la aceptaron en primera instancia, y tras apelaciones se redujo a $ 600 mil. Parte de ese dinero lo usó para comprar su departamento en Bélgica, según él mismo lo dio a conocer.

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Entonces dijo: “Fue un juicio que me puso el banco en el 2000. Regreso de EE.UU. y estoy en Central de Riesgo. Tenía que pagarle $ 140 porque habían seguido enviando el estado de cuenta... Luché solito contra este banco, gasté miles de dólares en abogados, no podía pedir créditos. Y les gané todas las etapas, y la última etapa la gané siendo presidente electo. ¿Qué culpa tengo yo?”.

En cambio, el daño moral del que acusó en 2011 a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita lo cuantificó en $ 10 millones, la sentencia a su favor le otorgó finalmente $ 2 millones, aunque desistió.

Ese mismo año por sentirse injuriado pidió $ 80 millones en el juicio en contra de Diario EL UNIVERSO, sus directivos y Emilio Palacio. El fallo le concedió la mitad y luego anunció ‘perdón’ a los demandados.

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En el listado de los procesos iniciados por el expresidente en calidad de ofendido, que consta en www.funcionjudicial.gob.ec, hay 19 procesos que incluyen acciones de protección (a los miembros de los Consejos de Disciplina que no sancionaron a militares que él consideró le faltaron el respeto), falso testimonio y perjurio (en contra de cuatro veedores, dos fueron sentenciados) y contravenciones de cuarta clase que es el último proceso contra Pallares.

La demanda planteada el 5 de junio, por un artículo del 25 de abril (aún era presidente) publicado en el portal 4Pelagatos, invoca el artículo 396 del Código Integral Penal que sanciona con privación de la libertad de quince a treinta días.

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Esta figura ya se usó para acusar al vicealcalde de Quito Eduardo del Pozo (CREO) el año pasado. Él fue sentenciado en octubre a quince días. Pero cuenta que nunca se emitió la orden de detención, “el juez tuvo que haberlo hecho, la parte contraria podía haber solicitado que eso se emita. Decidieron nunca concretar y ejecutar la sentencia, pasados los 45 días prescribió la causa”.

En una semana se conocerá qué pasará con Pallares. La audiencia se realizará el próximo lunes 3 de julio. (I)