Alrededor de 3.000 personas privadas de libertad (PPL) a nivel nacional podrían beneficiarse de la rebaja parcial o total de penas, que fue establecida en el último decreto ejecutivo que Rafael Correa expidió como presidente.

Fue el Nº 1440 de fecha 23 de mayo de 2017, es decir, un día antes de que Correa traspasara el mando a Lenín Moreno.

El pasado martes, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, anunció la cifra ‘aproximada’, durante la primera reunión de la Mesa de Justicia en el gobierno de Moreno.

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“Si bien no es un derecho, sí es un beneficio al que podrían acogerse las PPL”, informó Alvarado, según le atribuyó un boletín institucional.

El comunicado no especificó si la cartera de Estado ha recibido pedidos de posibles beneficiarios, o cuántos.

El decreto señala que los interesados en acogerse a la rebaja deberán solicitarla al Ministerio de Justicia, y cumplir con varios requisitos.

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Uno de ellos es haber sido sentenciados a cumplir una pena “máxima” de cinco años.

La disposición presidencial concede reducción de penas de 360 días, o indultos.

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Estos últimos serán para quienes hayan sido condenados por tráfico ilícito de drogas –a quienes el decreto llama mulas–; o quienes padezcan enfermedades catastróficas. (I)