Una vez que la Fiscalía analizó la información obtenida de contratos suscritos por Odebrecht y el Estado para la Refinería del Pacífico, la central hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule-Vinces y el poliducto Pascuales-Cuenca, se dio luz verde para que se ejecuten, la madrugada del viernes, los actos urgentes de la operación Odebrecht.

Las evidencias obtenidas en allanamientos a más de doce lugares y la detención de seis personas, entre ellas Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glas, le permitían a la fiscal Diana Salazar confirmar en la audiencia de formulación de cargos, del sábado, los ”nexos criminales” que los investigados habrían tenido con la constructora.

Los contratos analizados por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía fueron los que el Gobierno ejecutó con la empresa brasileña, después del 2010.

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En julio de ese año, Odebrecht volvió a ser contratista del Estado, luego que el Gobierno le exigió el resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la para de la hidroeléctrica San Francisco.

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Un oficio del 19 de mayo pasado remitido por la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía, sumillado por el fiscal general, Carlos Baca, daba a conocer en este caso de la existencia de un presunto delito de delincuencia organizada. Inmediatamente se abrió la indagación previa a cargo de Salazar.

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Copias certificadas de cada uno de estos contratos, incluido el del Acueducto La Esperanza, fueron presentados como parte de los 18 elementos de convicción que manejó Salazar para fundamentar su formulación de cargos por el delito de asociación ilícita.

En abril pasado, el exfiscal Galo Chiriboga explicó que se analizaban cerca de 30 contratos suscritos por Odebrecht.

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Los contratos

El poliducto Pascuales-Cuenca tiene una inversión de $ 547 millones; en la Refinería del Pacífico, en el movimiento de tierras, asesorías, estudios ambientales..., se han ejecutado más de $ 1.500 millones; la hidroeléctrica Manduriacu fue inaugurada a un costo de $ 227 millones; y en el proyecto Daule-Vinces, la inversión llegó a $ 352 millones.

Entre la tarde y noche de ayer estaba planificado el viaje de Baca hasta Brasil, para continuar con la recepción de versiones y la recolección de evidencias en el caso. (I)