Caso Odebrecht, entre 6 meses de sigilo y un proceso electoral

“Entre el 2001 al 2015, más o menos, Odebrecht a sabiendas y voluntariamente conspiraron y acordaron con otros en proporcionar corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otras cosas de valor a y para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros, a fin de obtener y retener el negocio en varios países alrededor del mundo”.

Ese fue el argumento obtenido de la asistencia penal internacional enviada por Estados Unidos a Ecuador con el que inició la fiscal Diana Salazar, la madrugada del pasado sábado, la formulación de cargos por el presunto delito de asociación ilícita contra seis personas, entre ellas, Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glas.

Para Salazar, entre los “funcionarios y personas corruptas” que participaron en la actividad ilegal de Odebrecht en el país están los ahora procesados. La evidencia documental recogida en más de una docena de allanamientos en Quito, Daule y Guayaquil, explicó, “confirma los nexos criminales” de estas personas con la constructora.

La asistencia a EE.UU. fue enviada por la Fiscalía ecuatoriana el 29 de diciembre pasado, ocho días después de que el Departamento de Justicia de ese país publicó un informe que revelaba que Odebrecht entregó $ 33,5 millones por sobornos en Ecuador, entre 2007 y 2016, para lograr beneficios por cerca de $ 116 millones.

Lo mismo se solicitó a Suiza y Brasil. En ese momento, el Ministerio Público brasileño, dentro del caso Lava Jato, firmaba con Odebrecht un “acuerdo de leniencia” (delación premiada), que incluía seis meses de sigilo de la información dada por 77 exdirectivos de la brasileña.

En Ecuador la investigación previa estaba abierta desde el 22 de diciembre. Este proceso ha incluido allanamientos a oficinas de Odebrecht, órdenes judiciales, de enero y marzo, para que instituciones públicas no contraten con este grupo y para que la Refinería del Pacífico y la Empresa Pública del Agua se abstengan de pagar más de $ 40 millones a la constructora.

Un comunicado del Gobierno del expresidente Rafael Correa aseguraba que no aceptarían “sin pruebas, ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción”.

Enero continuó para la Fiscalía con el envío de un pedido de asistencia penal a España y con la detención de Mauro T., colaborador del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

Al detenido, autoridades del régimen de Correa lo relacionaban con el caso Odebrecht por movimientos inusuales de dinero, en mayo él fue llamado a juicio por el delito de defraudación tributaria, por no pagar los impuestos debidos sobre dineros obtenidos.

Aunque no obtuvo información, tras esa detención, Rodas viajó a EE.UU. para pedir a las autoridades estadounidenses la lista con los nombres de los sobornados. Semanas después llegaba a ese país el fiscal Galo Chiriboga, para buscar mecanismos para la entrega de información y se conformaba un equipo conjunto de fiscales.

En febrero, en plena campaña electoral para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, se presentaban denuncias, como la de César Montúfar (Concertación), para investigar al vicepresidenciable del oficialismo Glas por los casos Odebrecht y Petroecuador. Un nuevo pedido de asistencia penal era enviado a Andorra.

Tras el anuncio de que habría una segunda vuelta, Glas acudía a la Fiscalía para pedir el inicio de “investigaciones de rigor” en los casos en que se lo quería relacionar. Buscaba poner fin a “una campaña sistemática de destrucción”.

Fiscalía también solicitó a Colombia una asistencia penal, para analizar información digital obtenida en allanamientos a oficinas de Odebrecht en Ecuador y operaciones que la vincularían con contratos para el dragado del río Magdalena y el Metro de Quito. En mayo Colombia entregó a Chiriboga más de 700.000 archivos analizados.

Tres días después de las elecciones del 2 de abril, llegó la asistencia penal de España y parte de la de Andorra. Para fin de mes esa información permitía la detención del exministro de Electricidad Alecksey M. y de su supuesto “testaferro” Marcelo E. A ambos el fiscal Wilson Toainga los acusa de un lavado de activos relacionado a la supuesta entrega, en febrero del 2011, de $ 1 millón que hizo Odebrecht al exfuncionario.

Correa aseguraba que en el caso de su exministro “no hay ni coima ni soborno”, porque Alecksey M. “no era funcionario público” para el momento que se investiga el pago.

Como vicepresidente reelecto, Glas iba a inicios de mayo otra vez a la Fiscalía. Esta vez pedía que se lo llamara a declarar a él, a su esposa y a todos quienes habían sido ministros y gerentes de empresas públicas desde 1987 que hubieran ejecutado contratos con Odebrecht.

Veintitrés días después de que Carlos Baca asumiera como nuevo fiscal general y a cuatro de su primera visita a Brasil por el caso Odebrecht, se dan estas detenciones ante la posibilidad de una asociación ilícita transnacional. (I)