El presidente Rafael Correa alista su partida del mando presidencial con la firma de un decreto ejecutivo que le otorga protección de la fuerza pública, por un año, o dependiendo del riesgo al que esté expuesta la autoridad. Esto debido a que la seguridad de las altas autoridades es “un objetivo estratégico del Estado”.

Antes de partir a uno de sus últimos viajes oficiales con destino a Cuba, suscribió el decreto ejecutivo 1369, en el que se establece un único artículo: “Proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de un año o seis meses, respectivamente, los plazos que se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”.

Con esto se reformó el decreto 418, emitido en el 2010, en el que no se contempla dar seguridad estatal a los “exmandatarios”, así tampoco se fijan plazos para brindar esa protección que está a cargo del Servicio de Protección Presidencial, integrado por personal de las Fuerzas Armadas y la Policía.

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Según la norma, es “necesario hacer este ajuste al sistema integral de la Presidencia, que garantice la protección y resguardo de los primeros mandatarios, bajo el criterio de que su seguridad es un objetivo estratégico del Estado”.

Esto permitirá asegurar la transición de las autoridades salientes hacia “su vida personal y familiar”. (I)