El Gobierno de Perú no tiene un plazo para aceptar o rechazar el pedido de asilo político que hizo el activista político y comunicador Fernando Villavicencio, el martes pasado, acusado de divulgar información reservada y por lo que está vigente una orden de detención.

El procedimiento, según el abogado de Villavicencio en Lima, Roberto Pereira, consiste en que la Cancillería de ese país designe a una comisión interna que califique el pedido de asilo, mediante la revisión de pruebas y emitirá un informe que será elevado al canciller (Ricardo Luna), y se tomará “la decisión al más alto nivel”.

El alegato que presentó Villavicencio para que se califique su asilo es el de una “persecución política que se ha traducido en una persecución judicial, a través de hechos que no califican como delitos, sino como el ejercicio válido a la libertad de expresión”, dijo Pereira.

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De acuerdo con el jurista, mientras dure el análisis de la solicitud, el Gobierno de Ecuador no podrá emitir ninguna orden de detención. (I)