El destino de los $ 1.000 millones que obtuvo el Gobierno en diciembre del 2015 por la entrega del campo Auca a la empresa Shaya, filial de Schlumberger, reaviva la polémica sobre la figura del contrato de servicios específicos con financiamiento. La de Auca fue la primera y única operación exitosa de una serie de entregas de campos que pretendió realizar el Gobierno y que incluían la instauración de la figura “aprovechamiento del activo intangible” tanto para Auca, Sacha y Cuyabeno.