Expertos en Seguridad Social y en temas jurídicos coinciden en que la eliminación de la deuda de $ 2.506,7 millones de los balances del Seguro de Salud del IESS sería ilegal. Esos dineros, que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social deben ser asumidos por el Estado, pues corresponden a las atenciones de salud que ha hecho el IESS a jubilados y a personas con enfermedades catastróficas, fueron borrados de los balances en septiembre del año pasado.

Esta semana el propio IESS justificó dicha operación a través de un comunicado institucional, indicando que la deuda era “inexistente”.

Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, consideró que se trata de una decisión ilegal. Explicó que esta deuda ya fue auditada por la Contraloría y ha sido reconocida en tres convenios de pago por parte del propio Gobierno, por lo que es inaudito que se la califique como “inexistente”.

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Corral advirtió que este accionar podría traer consecuencias jurídicas graves: “A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que dice el IESS es que no se paga porque no les gusta la ley, a la que le llaman privatizadora”. Aseguró que si hubiera independencia en el IESS, sus vocales deberían ser los primeros en reclamar el pago.

El abogado Marco Proaño Maya aseguró que la deuda existe y recordó que el propio director del IESS, José Antonio Martínez Dobronsky, solicitó a Finanzas que se incorporara en el 2016 la deuda que tiene el IESS por atención de salud y que en ese momento llegaba a $1.875 millones. Tras este pedido se formó la Comisión Interinstitucional que finalmente concluyó que no existe deuda.

Para Proaño Maya hubo un incumplimiento “temerario” que perjudica al IESS.

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Christian Hidalgo, asesor del Consejo Directivo y actual procurador del IESS, y Marco Almeida Costa, coordinador general jurídico del Ministerio de Finanzas, fueron los miembros de dicha comisión quienes dentro del informe final argumentaron que “si bien la ley establece que el Estado debe contribuir en los casos de atención a los jubilados, no especifica el monto o el porcentaje que permitiría determinar la cuantía de dicha contribución”.

Justamente este informe fue observado por la Contraloría. Pablo Celi de la Torre, contralor subrogante, ofició a Richard Espinosa, delegado del presidente Rafael Correa en el IESS, indicándole que “es claro que cualquier decisión que comprometa al Instituto no puede provenir simplemente de un delegado, independientemente del alcance de la delegación conferida”. También advierte la Contraloría que el cumplimiento de las recomendaciones se verificará en una próxima acción de control.

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Activo
Tras la decisión de extinguir la deuda, se afectaron otras cifras del Fondo de Salud. Mientras en agosto el activo estaba en $ 6.010,8 millones, para septiembre la cifra cae a $ 3.7902,6 millones.

Patrimonio
El patrimonio del Fondo pasó de $ 2.239,7 millones a un monto de $ 843,7 millones. Los depósitos no identificados también se redujeron. (I)