Los plazos para que el Estado repare a las últimas víctimas de derechos humanos reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) expiran este año.

El organismo emitió tres sentencias contra Ecuador en el 2016, y su cumplimiento representará un egreso para el fisco, entre indemnizaciones y costas judiciales, de $ 579.788,25.

La Procuraduría, que representa judicialmente al Estado, confirmó a EL UNIVERSO que la CorteIDH le notificó el 21 de diciembre de 2016 con el dictamen que había emitido el 29 de noviembre de ese año.

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La fecha de la notificación marca el inicio del plazo –de un año– para que el Estado cancele. Por ende, la última sentencia recibida se podrá cumplir hasta el 21 de diciembre de 2017. Las dos anteriores, hasta el 1 de noviembre y 28 de octubre.

Los casos aluden a la muerte del policía Luis Jorge Valencia Hinojosa en 1992 (el más reciente dictamen), la discriminación del militar Homero Flor Freire por su supuesta orientación sexual en el 2000; y la tortura contra Jorge Eliécer Herrera Espinoza, Luis Alfonso Jaramillo González, Emmanuel Cano y Eusebio Domingo Revelles, en 1994.

En el caso Valencia, se dispuso una reparación de $ 30 mil y el pago de costas judiciales por $ 15 mil. En el de Flor, una indemnización de $ 399.788,25 y costas por $ 15 mil. Y en el de Herrera Espinoza y otros, una reparación de $ 110 mil y costas por $ 10 mil.

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La Procuraduría informó a este Diario que el cumplimiento de tales sentencias está en marcha. Explicó que el Ministerio de Justicia es el responsable de ejecutarlas y que para ello, coordina las acciones con las instituciones del Estado involucradas en los casos.

Remarcó que las violaciones identificadas por la CorteIDH “ocurrieron en décadas anteriores”, y que el Estado ejercerá las acciones de repetición “una vez realizados los pagos”.

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En 2016 se recibió un dictamen condenatorio más que en 2015, cuando fue notificado con dos sentencias de la CorteIDH. En 2014 obtuvo un fallo. (I)

Casos
Sentencias

Luis Jorge Valencia
La CorteIDH determinó que no se garantizó imparcialidad e independencia de las investigaciones por la muerte del policía en 1992.

Herrera Espinoza y otros
El organismo consideró que el Estado cometió actos de tortura contra un grupo de detenidos en 1994.

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Homero Flor Freire
En el 2001 fue separado del Ejército acusado de tener relaciones sexuales con un militar. Él negó las acusaciones. La CorteIDH condenó al Estado por violar el derecho a la igualdad y discriminación. (I)