Cuando la oposición venezolana asumió el mando en la Asamblea Nacional se anticipó un escenario de “guerra de poderes” o un ‘choque institucional’ y así fue.

Hoy, un año después de que la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD) tomó el poder del Parlamento y logró mayoría por primera vez luego de 17 años bajo el chavismo, sus funciones han sido casi nulas por las trabas que ha enfrentado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que, según los opositores, es controlado por el oficialismo. El bloqueo ha minado las aspiraciones de un cambio en el rumbo del país, al que se suma el escenario de una oposición debilitada.

De las diez leyes que aprobó el Legislativo, dos fueron admitidas por el gobierno de Nicolás Maduro y el TSJ. Una, la del Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, pero que quedó sujeta a su viabilidad económica, y otra que regula el uso de la telefonía celular e internet en centros penitenciarios.

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Mientras, las otras ocho leyes no fueron admitidas ni por Maduro ni el TSJ, que las declaró inconstitucionales, entre ellas, la polémica Ley de Amnistía que buscaba la liberación de 76 líderes opositores presos.

Lucha de poderes

El TSJ ha sido clave y el protagonista al bloquear funciones al Legislativo y, además, habilitar acciones a Maduro, critica la oposición. La presentación del presupuesto para el 2017, por ejemplo, que la hizo el Gobierno al TSJ y no al Parlamento como corresponde. El máximo tribunal se autoatribuyó así la potestad de aprobar el presupuesto, lo que implica que las cuentas públicas venezolanas no pasarán, como dicta la Constitución por la Asamblea, publicó bbcmundo.com.

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El TSJ había declarado en desacato a la Asamblea y había dicho que consideraría nulas todas las decisiones que tome por haber incorporado a tres diputados, que el máximo tribunal los había suspendido por presuntas irregularidades.

Hasta octubre pasado, el TSJ había dictado 30 sentencias contra la Asamblea y bloqueó 13 de sus funciones.

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Desaprobar estados de excepción y emergencia económica, desaprobar la Ley de Presupuesto Nacional y dictar leyes en materia socioeconómica son solo algunas de las funciones del Poder Legislativo que han sido bloqueadas por las sentencias del TSJ, publicó el diario venezolano El Universal.

El pasado 1 de marzo, por ejemplo, la Sala Constitucional del TSJ eliminó facultades del control político de la Asamblea, que solo la limita al Poder Ejecutivo y no sobre los otros poderes como el Judicial, Ciudadano y Electoral.

También precisó que el Parlamento no está legitimado para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Días antes que la oposición asuma el mando en el Parlamento, la entonces Asamblea dominada por el chavismo designó, en sesiones extraordinarias, a trece magistrados principales que adelantaron sus jubilaciones.

Relevo en Parlamento
Julio Borges, diputado por Primero Justicia (PJ) y dirigente de la coalición opositora, asume hoy la presidencia de la Asamblea, acorde con un pacto para rotar las presidencias y vicepresidencias del Parlamento entre los principales partidos opositores Acción Democrática, del saliente Henry Ramos Allup, PJ, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.

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Juan Carlos Caldera, representante electoral de la MUD, dijo que espera que el mandato de Julio Borges sea para promover el cambio de Gobierno a través de la Constitución y lamentó la ausencia de dirigentes políticos en la reestructuración de la MUD, realizada el pasado 21 de diciembre, publicó eluniversal.com. (I)