Para el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, es mínimo el número de cabildos que tienen una ordenanza que regule el buen uso del espacio público en tiempo de campaña electoral. “La gran mayoría de cantones no tienen una normativa, apenas 30 o 33 tienen alguna ordenanza que ni siquiera está actualizada”, dijo.

Por esto, el CNE firmó el primer convenio de cooperación interinstitucional con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el pasado 16 de diciembre, en el cantón Baños, provincia de Tungurahua.

El objetivo del acuerdo es permitir la coordinación y ejecución de todas las acciones a los municipios, en el marco de sus competencias, para controlar el uso de la publicidad electoral en los espacios públicos, por medio de una ordenanza modelo.

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La campaña electoral oficial de acuerdo a la ley y el calendario electoral aprobado por el CNE es de 45 días, y se inicia el 3 de enero hasta el 16 de febrero de 2017.

Pozo indicó que la normativa debe adaptarse a la realidad de cada población. “Las diferentes posibilidades de multa, la preservación de patrimonios históricos de los 221 cantones no es el mismo. Esperamos que los alcaldes y alcaldesas tengan la sensibilidad de ubicar en sus cuerpos colegiados algo así”, senaló el funcionario.

Además, rescató que el país no esté inundado de propaganda electoral en estas fechas, como ocurría en años anteriores. “Hoy vemos que las vallas publicitarias se dieron de baja, que no hay spots televisivos o radiales, no hay artículos en medios de prensa, por lo tanto hay un cumplimiento de la norma que establece el tiempo de campaña”, puntualizó.

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Mientras tanto, el presidente reelecto de AME, Daniel Avecilla (Alianza PAIS), destacó que la suscripción del convenio es una herramienta para hacer cumplir con la normativa expresa del control de la ubicación de la propaganda electoral, de acuerdo con un comunicado de prensa.

También indicó: “A partir de este acuerdo, se coordinarán acciones, una vez conocido por el equipo técnico del organismo municipal; y, posterior a esto notificar a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para su conocimiento y cumplimiento conforme los procedimientos normativos y jurisdiccionales”.

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El convenio entró en vigencia a partir de su suscripción hasta el 31 de marzo de 2017. (I)