Los comicios generales de febrero del 2017 estarán matizados por una campaña electoral y una papeleta adicionales por la consulta popular para que la ciudadanía decida si aprueba o no que los aspirantes a una dignidad popular o funcionario puedan tener capitales en los denominados paraísos fiscales.

El martes pasado, el pleno de la Corte Constitucional (CC) declaró constitucional el pedido de referéndum planteado por el presidente Rafael Correa en julio pasado.

La pregunta es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

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Así se dio paso a que Correa suscriba el decreto ejecutivo, que disponga al Consejo Nacional Electoral (CNE) que organice la convocatoria, y el proceso electoral que será paralelo a aquel para escoger presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.

En el dictamen se hicieron varias correcciones al texto presidencial, ya que en las motivaciones existían frases que eran “valorativas y emotivas”, y que podían “inducir a la respuesta del elector en un sentido afirmativo a la pregunta planteada”.

Ellas eran “peores bazofias y nefastas”, que hacían referencia a los paraísos fiscales, por lo que deben ser eliminadas de los considerandos.

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En esencia, la Corte cree que “no se advierte que la solicitud contradiga ningún precepto constitucional”, señala el pronunciamiento que se divulgó ayer en el organismo. (I)