Relatores de la ONU y CIDH alertan sobre “graves efectos” que tiene la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador

La Relatoría Especial para las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaron este jueves sobre los "graves efectos que tiene la Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación en la libertad de expresión en Ecuador".

Mediante un comunicado difundido en la web de la CIDH, los relatores David Kayse (de las Naciones Unidas) y Édison Lanza (de la CIDH) instaron a las autoridades ecuatorianas “a adecuar la normativa a los estándares internacionales en la materia (referente a la libertad de expresión)”.

Desde que está vigente la LOC en el 2013, los relatores han advertido "sobre la falta de adecuación de varios aspectos de la ley a estándares internacionales” y han observado con preocupación que “su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno".

Ambos relatores expresaron su preocupación porque ciertas obligaciones contempladas en la ley “carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas para su incumplimiento, inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".

En el comunicado se indica que los relatores han constatado "la constante aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación con base en figuras jurídicamente vagas y ambiguas por parte de la Superintendencia de Comunicaciones, un organismo sin suficiente independencia de la rama Ejecutiva".

Los relatores también se refirieron a la aplicación de disposiciones de la Ley "que pretenden proteger el honor y reputación de los funcionarios públicos, así como la referida al derecho de rectificación y respuesta”.

“La norma a estudio y su interpretación por parte de las autoridades administrativas tienen el efecto de privilegiar el buen nombre, la reputación y los intereses de los funcionarios frente al debate público de ideas y la circulación de información como una forma de escrutinio social del ejercicio del poder,” dijeron.

“Eso parece estar pasando en numerosos casos, como los que hemos consultado al Estado en relación con los periódicos EL UNIVERSO y La Hora, que han sufrido imposición de información y sanciones económicas desproporcionadas,” indicaron.

De otro lado, los relatores manifestaron su preocupación por el concurso para el otorgamiento y renovación masiva de frecuencias que actualmente se realiza en Ecuador, en el sentido de que este proceso podría llevarse a cabo sin las suficientes garantías de transparencia.

El comunicado culmina que los dos relatores enviaron una carta conjunta al gobierno ecuatoriano expresando su preocupación por la LOC y en la que piden también información sobre la aplicación de la misma.

Ambos expertos esperan que la respuesta a su solicitud permita abrir un diálogo sobre estos y otros temas relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. (I)

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