Para Kate Gilmore, el camino recorrido por el Gobierno ecuatoriano en materia de derechos humanos es contradictorio, insuficiente y confuso. Ella se desempeña como Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos y llegó a Quito para participar en el Hábitat III. En un diálogo con EL UNIVERSO expresó su percepción de Ecuador.

¿Cómo se abarcarán derechos humanos en la agenda urbana?
No hay ciudades sin personas y no hay personas sin derechos humanos. Las ciudades más exitosas celebran la diversidad, tratan a la gente con igualdad, tienen un flujo abierto de información, se consulta a los ciudadanos sobre las decisiones de sus autoridades...

¿Cómo ve la aplicación de derechos humanos en Quito, Santiago, Bogotá...
La oficina ha visto grandes progresos. En muchos sentidos, esta región ha marcado el nacimiento del activismo moderno en derechos humanos. Cuando vemos conflictos, corrupción, abuso de poder, desigualdades y la erosión de derechos pensamos en que ya no es el tiempo de las dictaduras. Eso se acabó y estamos en la era de la democracia. Quiero decir que es el tiempo de la libertad de expresión, de manifestarse libremente, de no estar de acuerdo con el gobierno y, sin embargo, no sentirse intimidado por eso.

¿Qué criterio tiene de Ecuador?
Vemos progresos. Ecuador tiene una de las constituciones más hermosas del mundo. (Pero) desde afuera del país, resulta muy confuso y problemático el ver una gran brecha entre la Constitución y la implementación, así como el fracaso en la protección de los defensores de derechos humanos, el no proteger la libertad de prensa, ver la existencia de leyes que dicen que la información es más un bien de consumo que un derecho... Esos son ejemplos de que el Gobierno se desempeña por debajo del nivel requerido por la Constitución.

¿Y a veces incluso se contradice la Constitución?
Sí. Es importante reconocer que la pobreza ha disminuido, pero al mismo tiempo varios decretos presidenciales están reduciendo el espacio para el diálogo entre la gente y el gobierno. Un gobierno que no está en diálogo con su propia gente se está negando a sí mismo la información que necesita para gobernar bien.

¿Le han dicho eso al presidente Rafael Correa?
De hecho, nos reunimos con la ministra de Justicia (Ledy Zúñiga). Además, tenemos una serie de expertos que han escrito y planteado sus preocupaciones.

¿Y qué respuesta hubo?
Encontramos al Gobierno abierto al diálogo con la comunidad internacional, pero no es suficiente. El cumplimiento no tiene que ver con la rendición de cuentas en Ginebra o en Nueva York. La verdadera implementación es con la gente que vive en las zonas rurales, en las montañas o en las costas... La ministra de Justicia nos mostró una base de datos maravillosa e impresionante para monitorear las recomendaciones. Pero al mismo tiempo, como conversamos con la ministra, la verdadera prueba del cumplimiento es con las personas.

También se reunió con activistas
Me reuní con 23 defensores de derechos humanos: indígenas, afroecuatorianos, mujeres, familiares de desaparecidos, de detenidos en prisiones, activistas contra la tortura, por la igualdad de género, por el respeto a la diversidad sexual... Y una y otra vez nos dijeron que no se sienten seguros para criticar, para hacer preguntas. Y son ellos quienes tienen la información para entender dónde están las fallas en la intervención oficial. Hay una ausencia de diálogo regular y sistemático y una ausencia en el cumplimiento de las promesas sobre derechos humanos que el Estado ha hecho en las mismas convenciones de las Naciones Unidas.

¿De qué sirve, entonces, una gran Constitución si aún hay activistas sin garantías e incumplimientos en derechos humanos?
Conversamos con la ministra de Justicia para asegurarnos de que se están monitoreando obligaciones y ella cree que hay signos positivos. Le recomendamos que trabaje con los mecanismos internacionales de derechos humanos. (I)