420 casas entregadas en 6 meses, de $ 215 millones para vivienda

Seis meses después del terremoto, la mayoría de recursos recaudados de la Ley de Solidaridad se han destinado para los programas de viviendas en las zonas afectadas. El flujo mayor de dinero se dio entre el 22 de julio y el 10 de octubre, en que la inversión habitacional subió vertiginosamente de $ 13 millones a $ 215 millones, según el Ministerio de Finanzas.

No obstante, la entrega de viviendas no avanza al mismo ritmo. Hasta la semana pasada se habían entregado 420 casas nuevas (318 construidas en terreno propio y 102 en áreas urbanizadas por el Gobierno) a las familias damnificadas, según un resumen de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción. Su titular, Carlos Bernal, estimó –en su informe a la Asamblea el 31 de agosto– que 103.804 viviendas hay que construir.

A diferencia de Jovita López, quien recibió en julio una vivienda nueva construida por la empresa pública Ecuador Estratégico en Urbirríos 2, en la parroquia Tarqui de Manta, hay miles de damnificados como Victoria López, de 67 años, que se desesperan por dormir bajo un techo fijo, que no sea de retazos de sábanas o plásticos.

“Aquí duermo, noche y día, así paso, mire cómo estoy”, comenta deprimida Victoria, recostada sobre un desgastado colchón que ha colocado sobre una base de madera en el portal de la casa de su hija Jessenia, de 31 años, en una edificación calificada como insegura y donde habita una docena de familiares que perdieron sus casas.

“Esta vivienda estaba para demoler, pero yo no la hice demoler, porque lógico que iba a quedarme en la calle”, reclama Jessenia, embarazada de 8 meses, desde Tarqui, zona cero.

Hasta junio, sus familiares sobrevivían en el refugio Playita Mía, pero asegura que los desalojaron y les prometieron bonos de vivienda, acogida y alimentación. “Hasta agosto recibimos el bono de alimentación”, dice Jessenia. “A mi mami le negaron la construcción, casualmente tiene la hoja y no le van a construir, porque el terreno es pequeño”, reclama.

Entre Manabí y Esmeraldas hay menos damnificados en albergues, para cuya gestión se han destinado más de $ 670 mil de los recursos de la Ley de Solidaridad, y donde el Gobierno asegura que las personas reciben atención médica y alimentación. La cifra oficial de 23 mil albergados tras el terremoto, hoy es de 7001, de los cuales 1.808 familias siguen en centros oficiales y 2.096 en refugios.

“Los desalojaron arbitrariamente, cada uno buscó un lugar temporal”, dice Ignacio Navia, miembro del Observatorio Ciudadano para la Reconstrucción en Manabí. Mientras que el Comité de Reconstrucción responde: “Varias veces hemos insistido que las personas que están en refugios pueden acceder a un albergue”. En los refugios, agrega, se entregan alimentos.

Esta vivienda estaba para demoler, pero no la hice demoler, porque lógico que iba a quedarme en la calle.., hasta agosto recibimos el bono de alimentación; a mi mami le negaron la construcción.
Jessenia López, damnificada

A muchos damnificados hoy se les encuentra en rústicas casas levantadas por ellos, amigos o familiares. Algunos, como Mercedes Cedeño, de 65 años, reciben el bono de alimentación. Ella vive en una rústica construcción junto a un techo prefabricado que le dio la Municipalidad de Manta, pero que permanece cerrado. “Cómo voy a pasar, si eso está pura piedra, y los lados están abiertos, las ratas entran”, dice Mercedes.

Desde el 17 de junio en que se recaudan dineros por la Ley de Solidaridad, el Estado ha recibido $ 786 millones, de los cuales se han utilizado $ 560 millones, gran parte para el Ministerio de Vivienda ($ 215 millones), para dar liquidez al sector público ($ 120 millones), para créditos ($ 89 millones) y para los gobiernos seccionales de Manabí y Esmeraldas ($ 31 millones).

Otras entidades públicas también recibieron recursos como el Banco de Desarrollo ($ 26 millones), la empresa Ecuador Estratégico ($ 23 millones), la empresa Inmobiliar ($ 19 millones), u otros ministerios.

Finanzas registra en su reporte (al 10 de octubre) un saldo de $ 226 millones pendientes para utilizar, por ejemplo, en la reconstrucción sanitaria, tema que demandan damnificados como Mercedes Cedeño, enferma de diabetes que requiere medicamentos diarios. “No tengo ni cómo hacerme remedios”, dice entre lágrimas.

Hospitales sin reconstruir

La reconstrucción también va lenta en salud. Los trabajos que la ministra de Salud, Margarita Guevara, anunció que se comenzarían en septiembre en los nuevos hospitales de Chone y Pedernales no empiezan. “Está en fase de estudios”, señaló en un comunicado el Comité de Reconstrucción.

En la infraestructura de salud se planea invertir unos $ 49 millones. No se ha dado la nueva fecha para el inicio de los trabajos en los hospitales.

En educación, el Comité destaca la creación de 26 unidades provisionales y el 90% de avance en las reparaciones de 912 unidades, con lo que se “logró la meta de iniciar el año escolar en las provincias afectadas el 4 de julio”. La construcción de 157 unidades Siglo XXI en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, según el Comité, se encuentra en etapa de contratación. (I)

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