Por lo menos un 60% de miembros de las 25 Juntas Provinciales Electorales ha sido servidor público, según constató este Diario en la base de datos de la Contraloría General.

La selección de los vocales de estas juntas fue un proceso interno realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se concretó en el pleno del 22 de septiembre, en Manabí.

Las candidaturas para miembros de las juntas surgieron de los cinco vocales del CNE. Según la vicepresidenta Magdala Villacís, se analizaron sus perfiles y se tomó en cuenta su participación en anteriores procesos. Hubo impugnaciones, pero el CNE las rechazó.

Publicidad

El artículo 7 del reglamento para estos organismos señala que entre sus funciones están la calificación de las candidaturas de su jurisdicción, realizar los escrutinios provinciales y hasta disponer el conteo manual de votos de ser necesario.

También designan a los vocales de las juntas receptoras del voto; resuelven las objeciones a las candidaturas; y corren traslado al CNE de las impugnaciones que se presenten.

En la Junta del Guayas se designó, por ejemplo, a Irene Ferruzola Rivadeneira, quien fue subsecretaria de la Secretaría del Migrante, funcionaria en la Gobernación del Guayas y asesora en la Asamblea; y Walter Luna Álvarez fue funcionario de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Teodoro Maldonado Carbo y en Durán, en el último año.

Publicidad

En Manabí, asimismo, se nombró a Silvia Sánchez Mejía, quien ha sido funcionaria en la delegación electoral de Manabí; y a Ana Coello Mora, exservidora de la Fiscalía y de la Defensoría Pública.

En Pichincha está Mariela Segovia Cadena, quien fue presidenta de la junta electoral en el 2014, además laboró en la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional y el Consejo Provincial de Pichincha; y Rocío Vergara, en el Ministerio del Ambiente y las Secretarias de Educación Superior y de Cooperación Internacional.

Publicidad

En Azuay, se nombró a Elizabeth Kainz Lasso, servidora pública desde el 2011 en el Municipio de Cuenca, luego en el Ministerio de Coordinación de Seguridad-Azuay y el Ministerio de Defensa Nacional.

En Esmeraldas, se designó a Eduardo Azuero Rodas, que ocupó el cargo de fiscal en Sucumbíos y juez temporal del Consejo de la Judicatura.

El dirigente socialcristiano Santiago Guarderas cuestionó que en la integración de las juntas el CNE no haya observado el artículo 228 de la Constitución, que determina que esta debió provenir de un concurso.

La composición de las juntas, a su criterio, muestra que no hay “imparcialidad y evidencia que los organismos electorales están controlados por el gobierno, lo cual provoca dudas”.

Publicidad

Y cree que las organizaciones políticas debieron ser informadas con oportunidad para realizar las impugnaciones. (I)