Opiniones divididas por manera en que se debe ‘medir’ deuda pública de Ecuador

La manera correcta de medir la deuda del país se discute en estos días por parte de expertos tras las declaraciones de varias autoridades sobre dos conceptos: la deuda pública o agregada y la deuda consolidada.Si se revisan los boletines de deuda del Ministerio de Finanzas, a agosto del 2016, la deuda pública estaba en $ 36.810,9 millones; de los cuales, la externa ascendía a $ 23.634,1 millones; mientras la interna estaba en $ 13.186,8 millones. Mientras, la consolidada llega a $24.705 millones, de los cuales $ 23.624,1 millones son externa; y $ 1.081,3 millones, interna. El coeficiente de deuda, en este caso, es de 25,7% del Producto Interno Bruto (PIB).Pero los últimos desembolsos de recursos provenientes de la colocación de bonos en septiembre ($ 1.000 millones a una tasa de 10,75%) harían que la deuda del Ecuador llegue a un nivel del 39,5% del PIB, según los cálculos del exministro de Finanzas Fausto Ortiz.A agosto del 2016, la deuda estaba en un 38,3% mientras que para septiembre llegaría al límite del 40% (39,5%) que establece el Código de Planificación de las Finanzas Públicas.Pero para Ortiz, sumando preventa petrolera, Certificados de Tesorería y Pasivo Circulante, todas las obligaciones podrían estar en 45,4%.Por ello, el exfuncionario considera como es probable que el Gobierno busque darle viabilidad al endeudamiento usando el concepto de “deuda consolidada”; hasta ahora se aplicaba el de deuda agregada.Ambos son publicados hace varios meses por el Ministerio de Finanzas en su página web.Diego Martínez, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), indicó que aunque existen los dos tipos de medición, “la correcta es la consolidada”.En un reciente conversatorio con medios, el presidente Rafael Correa aseguró que la deuda consolidada estaba en el 25% del PIB y agregó que Ecuador no tiene un problema de sobreendeudamiento.¿Pero cuál es la explicación para la rebaja entre el concepto de deuda pública y el de consolidada? Según Martínez, ambos corresponden a metodologías aceptadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).En la consolidada se hace una suerte de suma de las deudas de estamentos estatales, pues se considera que ese dinero no sale de la economía.Así, por ejemplo, si el Ministerio paga $ 200 millones a una entidad pública, estos llegan a las cuentas que esta mantiene igualmente en el Central.En cambio, la deuda agregada toma en cuenta todos los rubros así sean entre entidades públicas. Para Martínez, aunque la medición correcta sea la consolidada, no quiere decir que desaparezcan las deudas interestatales.Ortiz señala que aún si se diera el cambio en la medición, esto no podrá eliminar la percepción de riesgo del mercado. Explica que este año el porcentaje de pago de servicio de la deuda llegó más allá del 6%, mientras que el 2017 subirá a al menos un 7%, lo que nos llevaría a niveles del año 2001.Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal , considera inconveniente tomar el concepto de deuda consolidada, pues no transparenta toda la deuda del Gobierno.Más bien piensa que se debería llevar una estadística en la que se incluyan las otras obligaciones, como preventa petrolera, ya que todos estos afectan las finanzas públicas.Acosta cree que lo que más interesa es cuál es el monto de servicio de la deuda que se debe pagar. Explicó que en el 2010, esa cifra estuvo en $ 1.700 millones, pero para el 2015 ya se colocó en $ 7.700 millones. Esto porque se trata de una deuda cara y a corto plazo, comenta.Ortiz opina que el Gobierno debería buscar un margen de maniobra ampliando el porcentaje de deuda ahora que tiene mayoría en la Asamblea.La normativa permite incrementar dicho límite en casos excepcionales “cuando se requiera endeudamiento para programas y/o proyectos de inversión pública de interés nacional”; para ello se requerirá de la aprobación de la Asamblea con la mayoría absoluta de sus miembros. (I) Normativa Límites legales Plan El Código indica que cuando se alcanza el límite de endeudamiento se deberá implementar un plan de sostenibilidad fiscal. Propuesta El Ejecutivo no ha descartado enviar una reforma legal para ampliarlo.

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