La falta del debido proceso; que los oficiales no se encontraban en actos de servicio; que el jefe de Estado no es una autoridad militar; y que los informes con el pedido de sanción se declararon reservados, son los argumentos jurídicos a los que recurrieron los Consejos de Disciplina, que integró la Armada Nacional, para nulitar los pedidos de sanción que exigió el presidente Rafael Correa en contra de tres oficiales.

El Ministerio de Defensa se acoge al artículo 36, literal b, del Reglamento de Disciplina Militar, sobre las faltas atentatorias contra la subordinación, para que se los sancione.

La nulidad en los casos de los capitanes de Corbeta Edwin Ortega y José Peñafiel se dictó porque no se acogían al debido proceso, ya que los Consejos no se integraron en los plazos previstos en la norma.

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Contra Ortega, el Consejo se integró 12 días después de conocida la falta, y se debió hacer en 3; y en Peñafiel, ese tiempo “superó” las 72 horas, señalan los documentos.

En las dos resoluciones se reconoce que el presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, pero los reglamentos no abarcan a una autoridad civil y tampoco tiene una jerarquía militar.

Además, cuando los oficiales “cursaron” los correos con el presidente, no se encontraban en “actos de servicio”.

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La causa contra el teniente de Navío Juan Marcelo Torres se declaró nula el 25 de agosto, también por una falta al debido proceso, pues la demanda se originó por “disposición verbal” del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y con el carácter de reservado, lo que contraría la Constitución, que pide que los procedimientos sean públicos.

Ello impedía al demandado tener derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ya que se “exhorta” a “imponer la sanción proporcional a la naturaleza de la falta” y se agregan “agravantes”, por la “jerarquía del ofendido y la vigencia de un estado de excepción”.

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Se afirma que el Gobierno notarizó el correo electrónico de Torres sin su autorización o una orden legal, lo que “viola las garantías del debido proceso”.

El Gobierno rechaza estos argumentos e interpuso una acción de protección contra la decisión del Consejo de Disciplina que conoció el caso de Ortega, que fue aceptada el pasado miércoles por la jueza Vanesa Wolf , quien anuló lo actuado y pidió que se integrara un nuevo consejo.

Juan Vizueta, abogado de los oficiales, recuerda que hay una Orden General, suscrita por Fernando Noboa –hoy comandante de la Armada– en julio del 2015, cuando era director de Personal, que establece que “no se admiten procesos reservados porque transgrede el debido proceso”.

Esgrime que las faltas atentatorias, de acuerdo al artículo 123 del reglamento, prescriben en 90 días, y el “Gobierno perdió esa capacidad el 13 de agosto, y resulta ridículo que una jueza obligue a un consejo para que inicie un nuevo procedimiento. Se está violando la garantía de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa”.

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En una carta pública emitida ayer, Vizueta pide a Noboa que se vele por los derechos de Ortega y se oficie a Correa “rechanzado todos los términos difamantes” en su contra.

El general retirado Oswaldo Domínguez, excomandante de la Fuerza Aérea, cree que es “inexplicable que se recurra a una sanción por una falta que no está estipulada en FF.AA.”. “Vemos una serie de argucias, que dejan ver un manejo inescrupuloso y falta de respeto a la institución, sus leyes y reglamentos. Hay un abuso de poder y un mal uso de la legislación constitucional”.

Agrega que el presidente es la máxima autoridad para autorizar el empleo de las armas, pero “en la administración diaria, en la conducción permanente de la gente, la autoridad está establecida en cada una de las Fuerzas. Eso se desconoce, y lo que existe es una provocación”.

José Gallardo, exministro de Defensa y general en servicio pasivo, dice que los Consejos de Disciplina se integran para obrar con justicia. “El presidente debería ocupar su puesto. Él es la primera autoridad de las FF.AA., y nadie de los militares ha negado eso; pero esa posición le obliga a obrar con mucha serenidad y justicia”. (I)

Más respondieron
Un e-mail presidencial

Respuestas ‘insultantes’
Rafael Correa dijo que 200 soldados le respondieron un correo del 13 de mayo en el que justificaba el débito de los $ 41 millones al Issfa, 16 de forma “insultante”; que se ‘destrozó’ la Constitución, pues Consejos resolvieron que él “no es su superior”.

Se les ocurrió la simpática teoría de que el Presidente no es superior militar, en consecuencia se puede insultar al Presidente y no pasa nada, pero si insultan a un coronel o general ahí si se van de las Fuerzas Armadas.