Desde que la Función Legislativa normalizó sus actividades tras la Asamblea Constituyente y la conformación de la Comisión Legislativa o “Congresillo”, la Asamblea ha sido testigo de al menos 20 intentos de juicio político contra funcionarios públicos; 19 de ellos archivados o sin resolución, y 1 con resultado de censura.

Al momento está en trámite otro contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa.

Entre julio de 2009 y julio de 2016, el único que no fue archivado por las comisiones de Fiscalización que siempre tuvieron mayoría de Alianza PAIS (AP) y sus aliados fue el planteado por el oficialista Rolando Panchana en contra de Gloria Sabando, quien fue superintendenta de Bancos.

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Sabando fue procesada por la supuesta falta de supervisión en el proceso de liquidación de entidades bancarias después del salvataje. Su caso llegó al pleno de la Asamblea, que la censuró en enero de 2011.

El resto de solicitudes de juicio político han terminado en el archivo o en el “limbo”, como el caso del exfiscal Washington Pesántez, en el 2010, que quedó sin resolución en la comisión.

Al menos cinco causales presentó María Paula Romo, entonces AP, para censurarlo, pero no hubo votos ni para el juicio ni para el archivo en la mesa y ese fue el argumento para que tampoco pase al pleno.

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De los 20 procesos, 17 fueron planteados por asambleístas de oposición y tres por oficialistas: Panchana contra la superintendenta, Romo contra el fiscal, y Mauro Andino contra el Consejo de la Judicatura.

También 14 de los 20 procesos fueron planteados en contra de ministros o exministros, 1 contra el Consejo de la Judicatura, 3 contra Sabando, otro contra Pesántez, y 1 contra la entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Marcela Miranda.

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Durante este tiempo, tres presidentes han pasado por la Comisión de Fiscalización: Silvia Salgado (AP-PS), Gabriel Rivera (AP) y María José Carrión (AP). Siendo el periodo de Salgado el único que tramitó pedidos de juicios formales.

Rivera recordó que el primer juicio político que enfrentó el Gobierno fue contra el entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, censurado en el Congreso del 2007 (antes de su disolución); y como con la Constitución de 1998 no se preveía la destitución, el funcionario continuó, pero con la del 2008 ya se permite con las dos terceras partes de la votación.

La oposición en todos estos años ha calificado a Fiscalización como la Comisión “de archivo” o del “limbo” y ha señalado que no hay control político, pero el oficialismo insiste en la gran cantidad de pedidos de información que se tramitaron en este periodo que a la fecha superan los 3.000.

Blanca Argüello, coordinadora del bloque de AP, sostuvo que el caso de Pesántez es “una historia que nos pesa”, porque varios compañeros tuvieron que hacer un “sacrificio político” y ahora este personaje es un político de oposición.

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Con una mayoría de 100 de 137 asambleístas en el inicio del periodo 2013-2017, durante 3 años las organizaciones políticas de oposición en la Asamblea no lograban articular una acción de fiscalización en firme.

Las 37 firmas logradas por Bayron Pacheco, de Avanza, para solicitar el juicio político contra Espinosa se dan en el último año de este periodo, luego de que los asambleístas de ese partido rompieron la alianza con el Gobierno y de que tres se desafiliaron de AP.

Para Argüello, si bien la oposición ha conseguido las firmas, en realidad no ha logrado una unidad porque no todos los interpelantes acudieron a hacer su defensa. Atribuyó el pedido al año preelectoral.

Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) considera que la unidad de toda la oposición se dio en esta ocasión porque la razón para armar una bancada es diferente a la razón para apoyar un juicio político y sus resultados no son iguales. (I)

Comisión
Juicio a Espinosa

Llamados
La Comisión de Fiscalización tiene previsto reunirse hoy para decidir si llama a más funcionarios públicos a comparecer o pide que remitan información.

Informe
El miércoles concluye el plazo de 15 días que tiene la mesa para hacer el análisis del proceso, luego debe elaborar un informe.