Tres de los siete buques que transportan crudo desde Ecuador a otros destinos (el Zaruma, el Pichincha y el Aztec) operan bajo la modalidad de arrendamiento a través de cuatro empresas offshore constituidas por el Estado desde el 2006 en Panamá, nación que es considerada como paraíso fiscal.

Sus propietarias son las empresas Pollux Oil Shipping, Pegasus Oil Shipping, Polaris Oil Shipping y Pisces Oil Shipping, de las cuales la Flota Petrolero Ecuatoriana EP (Flopec) tiene el 100% de las acciones, según un informe de la Contraloría General del Estado que auditó sus cuentas en el 2014.

La estatal sería, además, como propietaria del 49% de acciones de los buques Maya e Inca, en sociedad con el grupo naviero privado Tsakos de Grecia, y de igual porcentaje de participación de dos buques gaseros, uno de ellos el Clipper Victory, según una investigación publicada por el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio en el portal Focusecuador.

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La figura de asociación como accionista de estas empresas panameñas, según el informe de Contraloría, está amparada en el artículo 4 de los estatutos de Flopec EP, que se convirtió en empresa pública en marzo del 2012 a través del Decreto 1117, que les permite formar y constituir sociedades que tengan relación directa o indirecta con el transporte por agua, así como asociarse o afiliarse a otras.

Villavicencio criticó que en los Certificados de Persona Jurídica (CPJ) del Registro Público de Panamá sobre la constitución de estas firmas, no figure Flopec EP como dueña, sino el gerente de la estatal, Danilo Moreno Oleas.

“Si el dueño es la Flopec, debería figurar, pero aparece como presidente Moreno, un empleado público”, criticó.

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El mantenimiento de empresas offshore en Panamá por parte del Estado contradice la postura del presidente Rafael Correa, quien ha criticado a los paraísos fiscales.

El jueves pasado, Correa envió a la Corte Constitucional (CC) un pedido de consulta popular para evitar que funcionarios públicos tengan capitales en paraísos fiscales.

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“Los paraísos fiscales se constituyen en uno de los peores enemigos de nuestras democracias por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e, incluso, apoyo al terrorismo”, indicó Correa en cadena en la que hizo el anuncio.

Villavicencio expresó que el presidente debió nacionalizar la flota. Pero en el mismo decreto 1117 de 2012, ratificó la continuidad de las firmas panameñas, contrario también a su política opuesta a los paraísos fiscales, y en sujeción con el decreto 1793, emitido en junio del 2009, el cual limitaba la operación de empresas offshore.

Según Villavicencio, se estaría perjudicando al Estado puesto que Flopec cobra el 10% sobre el monto de los fletes a los buques de bandera extranjera por derecho de carga, incluidos los tres propios con bandera panameña. “En el momento en que los buques vengan a Ecuador (nacionalizados), Flopec ya no cobraría”, manifestó.

Sobre el tema, Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), señaló ayer en una entrevista radial que el gerente de la estatal deberá explicar “las razones de orden logístico y de estrategia de negocios que les hicieron tomar la decisión”.

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Agregó que Flopec es “una empresa pública que tiene buques, que tiene operación” y mencionó que “lo que estamos cuestionando fuertemente son aquellas empresas offshore sin sustancia económica”. (I)