Ernesto Pazmiño: Da lo mismo robarse borrego que $10 millones de peculado

En entrevista con DIARIO EL UNIVERSO, el defensor público, Ernesto Pazmiño, cuestiona la conformación de la mesa de justicia, en la que también intervienen ministros de Estado, critica las disposiciones del Código Orgánica Integral Penal con énfasis en una supuesta desproporcionalidad de las penas, califica a un posible juicio político en su contra de “reacción ingenua e infantil”, sugiere siete reformas penales entre las que está la legalización del aborto por violación y descarta totalmente candidatizarse en el 2017, pues pretende concluir su periodo en el 2018.

P: En los últimos meses usted ha sido muy crítico del sistema judicial en el ámbito penal y de algunas sentencias, como por ejemplo el caso de los Saraguros. ¿A qué se debe esto?

R: Antes de comenzar a debatir el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el 2007 - 2008, manifesté que el Código anterior era punitivo y, en el 2009, participamos en la elaboración, con varios técnicos del Ministerio de Justicia de ese entonces, de un anteproyecto de COIP que tenía una visión garantista de derechos y un avance fundamental en cuanto a la dosimetría de la pena, con correspondencia entre el delito y el castigo. Sin embargo, en el 2010 viene un cambio total de mentalidad en el tema penal y se presenta en la Asamblea el mismo anteproyecto, con los mismos considerandos, pero con una novedad: cuadriplicando las penas en delitos leves y disminuyendo en delitos graves.

P: ¿Por qué cree que se dio este cambio?

R: Parece que coincide con el nuevo triunfo del presidente Rafael Correa en las elecciones, hay un retiro de muchas personas que tenían una visión de izquierda en el Gobierno y se incorpora una nueva mentalidad. El proyecto ingresa a la Asamblea y en ese debate participa una comisión de la Defensoría Pública y en todas la reuniones expresamos nuestras preocupaciones con énfasis en la desproporción de las penas, tengo un oficio del 2011, no es reciente mi preocupación.

P: Se ha insinuado que usted tendría intereses políticos con estas declaraciones, recuerdan su pasado como diputado de la Izquierda Democrática (ID). ¿Cuál es su respuesta a esto?

R: En las tres últimas mesas de justicia, que convoca el Consejo de la Judicatura, hace más de cinco meses y en la última que fue hace un mes en Manta, el ministro (José) Serrano siempre me acusaba de que (con) mis propuestas y angustias por penas desproporcionadas, sanciones rigurosas a delitos leves y no perseguir temas de corrupción, siempre me acusaba, con mucha fuerza y vehemencia me gritaba en la mesa de justicia diciendo: tú pretendes desprestigiar a la Función Judicial... Con mi crítica de que en una mesa de justicia no tienen que estar los poderes ejecutivos; sin embargo, siempre se convoca a la mesa de justicia al ministro Serrano, al director ahora de la Secretaría Antidrogas, a la ministra de Justicia y al ministro de Seguridad.

P: ¿Quiénes deberían estar en su lugar?

R: Los operadores de justicia: la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Defensa Pública.

P: ¿Qué significa que estén los otros?

R: Veo que ellos van con todo el poder estatal y las peticiones no se atienden muchas veces. Cuántas veces he propuesto reformas al COIP... Siempre me han dicho que es muy interesante... y las últimas mesas de justicia la acusación era de que yo estoy proponiendo esto porque tengo intereses políticos.

P: ¿Tiene un movimiento en su provincia? ¿Se va a candidatizar para el 2017?

R: Eso es absolutamente falso. Para ser candidato en mi provincia no necesito hacer estos ruidos, este rato las encuestas me dan 10 a 2, ganaría fácilmente. No voy a ser candidato. Quiero cumplir mi periodo, me eligieron hasta el 2018 y en el 2018 saldré de la defensa pública. Rechazo esas afirmaciones de pretender desprestigiar mis opiniones, aduciendo que tengo intereses políticos.

P: En la Asamblea podrían emprender un juicio político en su contra. ¿Cuál es su opinión?

R: Legalmente hay esa posibilidad, la Comisión de Fiscalización puede hacerlo, pero sería una reacción bastante ingenua, infantil e imprudente pretender seguirme un juicio político por expresar mi angustia en defensa de los derechos de las personas y las garantías del debido proceso, que el derecho penal no persiga exclusivamente a los delincuentes de calle, que sea duro también con quienes cometen delitos graves, por eso yo he dicho que me preocupa que seamos muy duros con los débiles y muy débiles con los duros y eso se evidencia en el COIP... lo mismo da robarse un borrego que robarse $ 10 millones por peculado. Cuando se trata de gente poderosa, los jueces son muy expeditos en poner el piso de la pena.

P: ¿Cómo puede calificar la relación entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial?

R: La intención de trabajar con la mesa de justicia fue la de generar políticas públicas para tener una administración de justicia más imparcial, independiente, adecuada, eficiente y que genere la confianza en la ciudadanía, lo que yo he dicho, la presencia de los agentes del sector Ejecutivo puede de alguna manera desentonar con esa propuesta.

P: ¿Por qué?

R: Porque hay independencia judicial, hay separación de poderes en el Ecuador. La Constitución manifiesta que la administración de justicia es independiente del poder Judicial, puede haber coordinación, puede haber mecanismos de acuerdos, pero la administración de justicia es independiente.

P: ¿Y es independiente en este momento?

R: Entiendo que los jueces tienen que actuar con absoluta independencia, lo que me preocupa son ciertos mensajes que generan una actividad un poco temerosa de los jueces... Vemos pronunciamientos públicos de autoridades nacionales que indican que hay que ser duros con el microtráfico porque están destruyendo a los jóvenes, que debemos disminuir los niveles de violencia y hay que ser duro con los ladrones, mano dura, mano fuertes contra el delito, eso genera una percepción en los jueces de que ellos deben dictar sentencias condenatorias inmediatamente. Por otro lado, se envía el mensaje de que solo el encierro, solo la cárcel puede solucionar problemas delictivos y eso no es técnicamente cierto.

También un mensaje que atemoriza de alguna manera a los jueces son los instructivos de evaluación del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, el artículo 10 del instructivo dice que se les quitará puntos a los jueces cuando suspendan las audiencias y yo tengo casos que el defensor público le pide tiempo para preparar la sentencia y los jueces responden diciendo que el instructivo les quitan dos puntos por cada audiencia suspendida... y le importa un comino los derechos de las personas, las garantías del debido proceso.

P: María José Carrión denunció que Milton Riofrío, defensor público del Carchi, publicó en su página de Facebook que su padre es Raúl Carrión y esto es falso. Va a tomar alguna decisión sobre la actuación de Milton Riofrío?

R: Ese meme de que María José Carrión era hija del ministro del Deporte viene circulando en las redes más de un año.

P: Pero lo pone el defensor público del Carchi...

R: Yo no había conocido eso, hablé con el defensor público y me dijo que él también estuvo convencido de que era hija como estaba en todas las redes sociales y justo le hace las preguntas al defensor general, entonces, creí que era como consecuencia de ese tema y es por eso que él ha puesto y lo hace de su dirección personal, no lo hemos hecho desde las redes sociales de la Defensoría Pública.

P: Pero, ¿no va a recibir ningún llamado de atención?

R: Yo le he pedido que aclare, porque eso no es justo, es más yo le conozco a María José Carrión desde niña, la he visto crecer, conozco a su padre, un extraordinario caballero, luchador por los derechos humanos y a mí me dio mucha pena verles aclarando ese tema, eso es injusto.

P: Usted tiene una relación de amistad con María José Carrión.

R: Claro, la vi nacer, la vi crecer, es hija de un gran luchador por los derechos humanos Patricio Carrión, con él me crié en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

P: ¿Cuándo va a presentar su proyecto de reformas al COIP y cuáles temas aborda?

R: Siete temas concretos voy a incorporar en una propuesta que con seguridad presentaré la próxima semana. Primero la necesidad de establecer una proporcionalidad adecuada de las penas con el delito, es decir, el castigo con el daño. Al menos en los delitos que están generando más encarcelamiento, por ejemplo, los delitos contra la propiedad y paralización de los servicios públicos. El segundo es racionalizar el uso de la prisión preventiva, existe abuso en el Ecuador. La tercera es pedir que se despenalice el aborto en casos de violación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya pide despenalización, es un castigo la violación y sobre eso otro castigo de obligarles a que tengan el hijo de una violación me parece inhumano, hay que permitir que decidan, es su derecho.

El cuarto es garantizar que los consumidores de droga no vayan a la cárcel, les puedo demostrar que los consumidores están llenando las cárceles, la quinta propuesta es la regulación del uso del cannabis para uso terapéutico y medicinal, la sexta es evitar la criminalización de la protesta social y la última es revisar la incorporación del procedimiento directo para el juez que conoce la audiencia de flagrancia no sea el mismo que dicta la sentencia.

P: Hay inquietudes en el oficialismo sobre la gestión de la Defensoría, quieren saber si realmente beneficia a los pobres, ¿cuáles son los resultados?

R: Nuestra gestión va dirigida a la gente pobre que no tiene dinero para pagarse a un abogado. En materia civil tenemos criterios de selección, si el trabajador gana más de dos salarios no califica para la defensa, es es el parámetro en temas de tierras y familia. En el área penal lo mismo, defendemos a las víctimas de violaciones menores de edad, víctimas de estafas masivas, familiares de desaparecidos y delitos de lesa humanidad. En materia penal hemos terminado defendiendo a gente muy rica, pero no porque hayamos cogido de oficio el proceso, sino porque el juez señala defensor cuando la parte no ha señalado defensor particular, no creo que sean más de diez casos, tenemos el caso Duzac, por ejemplo.

P: La Izquierda Democrática se está reorganizando, ¿usted volverá a esta organización política?

R: No soy afiliado a la Izquierda Democrática, me auspició la candidatura, fui el diputado más disciplinado.

P: ¿Tiene intenciones de regresar a la vida política?

R: En este periodo no. Yo ya he sido diputado, ahora cualquier aventurero se lanza por allá, veo que habrá una Asamblea bastante dispersa con grupos minoritarios que van a obligar a la negociación. No estoy formando ningún movimiento. (I)