Incertidumbre en abogados y familias por el testigo clave

El anuncio de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que está ya en el país una de las cuatro personas declaradas como desaparecidas tras el tiroteo, en noviembre de 2003, en una farmacia del norte de Guayaquil, generó expectativa en la defensa de los expolicías que podrían estar involucrados en el caso González y otros.Luigi García, abogado de los exagentes Eduardo G., Darwin S. y Luis C., calificó de “lamentable” el que la Fiscalía haya identificado al supuesto testigo en mayo del año pasado y recién lo haga público.Los defendidos de García son parte de los 19 llamados a audiencia de formulación de cargos para el próximo 27 de junio, a las 09:00, por el delito de desaparición forzosa, supuestamente ocurrido después de la balacera en la farmacia.El lunes pasado, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, señaló que “haber encontrado a esta persona y tenerla en el país verifica la teoría de la Fiscalía sobre la desaparición”.García discrepa con la opinión de Chiriboga, pues, según él, “con esta aparición se consolida la teoría de la defensa de que nunca hubo desaparición forzada; se cae la trama de la desaparición forzosa, que no es más que un chantaje a la institucionalidad de la Policía y el Estado ecuatoriano”.Y la postura de García es plausible, según explicó a Radio City Juan Pablo Albán, abogado de la familia de Johnny G. B., uno de los cuatro supuestos desaparecidos, porque con la reaparición de uno de ellos se podría argumentar “que los demás están vivos y que han salido del país o están escondidos en el mismo país, y no se ha producido su desaparición (...). Y las cosas no son así, porque de la información que consta en el expediente más bien las indicaciones serían a la inversa...”.Sin embargo, dijo Albán, el nuevo testigo podría develar el misterio de qué pasó con los otros tres desaparecidos. “Me parece positivo en términos de la investigación que ahora tengamos a una persona que nos pueda dar información directa de lo que pasó”.Pero la incertidumbre no solo se centra en saber el rumbo que tomará la investigación luego de que el reaparecido rinda su versión, sino también en saber quién es el ahora testigo clave de la Fiscalía.Y Albán cuestiona al fiscal Galo Chiriboga. “Porque aquí hay cuatro familias desesperadas por conocer alguna información sobre la situación de sus seres queridos; antes de anunciarlo a la ciudadanía debió tomar contacto con las familias y explicarles que iba a hacer este anuncio, y decirle a la familia de quien se trate que su ser querido en realidad está vivo...”. No obstante, Chiriboga defendió en Radio City que no hizo público el nombre por seguridad de la propia familia.Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que tomó contacto con los familiares de los desaparecidos y 1ue se mostraron angustiados. “Estaban todos en un caos, zozobra, incertidumbre, rumores, asedio, estas personas son víctimas...”.Los abogados de la defensa también tuvieron reparos hacia el fiscal general por la forma en que manejó la divulgación. Santiago Escobar, defensa del exagente Érick S., quien apareció en una fotografía de este Diario junto a Johnny G. B., consideró que omitir el nombre del reaparecido es actuar con desigualdad y deslealtad procesal. “Porque la defensa necesita conocer a la persona que supuestamente ahora reaparece para tomar las acciones legales pertinentes”, dijo García, al tiempo que indicó que esta y la familia deberían ser investigadas por fraude procesal, pues habrían usado la teoría de la desaparición para perjudicar a policías y a la institución policial. (I) Cronología 2003, 19 de noviembre Un supuesto enfrentamiento entre policías y asaltantes en una farmacia dejó ocho muertos, seis presuntos delincuentes, un mensajero y un cliente, y tres desaparecidos. 2003, 2 de diciembre El inspector general de la Policía, Marcelo Vega, reconoce que hubo mal procedimiento por parte de los agentes. 2004, febrero Informe de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción destaca que hubo una masacre. 2004, 19 de marzo Seydi N. V. F., imputada por el robo de la farmacia dijo que sus primeras declaraciones no fueron ciertas porque las hizo bajo presión policial. 2004, 30 de abril Las viudas Dolores V., Dolores B. y Dolores G. demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue lo que ocurrió en la farmacia. 2005, 22 de abril Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay Arcos, declaró como delitos de lesa humanidad y crímenes de Estado, las muertes y desapariciones. 2010, 9 de septiembre El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, ordena a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía la reapertura del caso por las irregularidades 2013, 7 de noviembre La Fiscalía reactiva el caso y solicita la audiencia de formulación de cargos contra 31 policías. 2014, 6 de noviembre Corte Nacional de Justicia declara culpables de asesinato por ejecución extrajudicial a cinco personas y a otras cinco como encubridoras.

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