Durante los últimos cinco meses, y por tres ocasiones, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) ha solicitado al Gobierno Nacional le pague una deuda que mantiene desde el 2014 y acredite los montos necesarios para cubrir las prestaciones de 229.042 personas que están protegidas por este régimen especial.

El pasado 30 de mayo fue la última ocasión en que el director del Issfa, Juan Francisco Vivero, solicitó mediante oficios al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, transfiera los recursos de forma “inmediata”.

En el oficio se revela que en las cuentas del Instituto apenas hay un saldo de $ 1’194.278 y $ 52.783, “que no permiten cubrir las pensiones de mayo”. Se insiste en que se mantiene una deuda de $ 361’160.161 por “concepto de pensiones, aportes patronales e individuales y recuperación de cartera”.

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En esencia, se requería un valor de $ 56’990.117 para indemnizaciones, cesantías, mortuorios, pagos a unidades médicas, entre otros rubros.

El Issfa empezó a solicitar las acreditaciones el pasado 22 de abril, cuando en sus cuentas había $ 40.950 para el pago de las pensiones, y la deuda desde el 2014 sumaba $ 324’834.232. Y solicitaba para los pagos $ 74 millones.

El 12 de mayo pasado se pidió también el pago de la deuda.

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El delegado de los oficiales en servicio pasivo en el Consejo Directivo del Issfa, Bolívar Silva, insistió en que para funcionar normalmente requieren del aporte de $ 79 millones mensuales.

Pero, según reseñó, en abril y mayo el Ejecutivo transfirió $ 36 millones mensuales que solo se utilizaron para el pago de las pensiones militares. “Para cubrir otras prestaciones, el Issfa las está haciendo de sus inversiones, pero solo algunas, y por tanto los préstamos están limitados”, contó.

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El militar retirado detalló que las autoridades del alto mando de las Fuerzas Armadas, así como los delegados en el Consejo Directivo del ente, han pedido reuniones con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, quien es el presidente de la instancia, pero según él no han tenido respuesta.

A este reclamo por recursos se sumó el Consejo de Gobiernos Provinciales (Congope), cuyo presidente, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, relató que reportan “atrasos fuertes” en las asignaciones, que complican “el pago a proveedores, constructores e incluso con gastos administrativos”.

“Hay que pedir al Gobierno que se ponga al día con las alícuotas. Recibimos un 15% de pago el miércoles pasado, y estamos pidiendo una reunión urgente con el ministro de Finanzas”, indicó. (I)