La situación de unos 200 clientes de la Lotización Marbella Club, afectados por un conflicto de tierras en la península de Santa Elena, se complica.

La Corte Constitucional no admitió una acción de protección planteada por el ministro de Agricultura y Ganadería (Magap), Javier Ponce, en contra de la Industrial Pesquera Santa Priscila. Esta empresa reclama la propiedad de 266 hectáreas de los predios donde se asienta el proyecto de lotización, impulsado desde el 2013 por la empresa WTR Consulting & Services. Ambas compañías se consideran dueñas.

Según la sentencia, con fecha del 3 de mayo, los jueces de la Corte Constitucional, Ruth Seni Pinoargote, Alfredo Ruiz Guzmán y Wendy Molina Andrade, negaron el recurso argumentando que Ponce no justificó la violación de derechos.

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Dentro de la sentencia consta el voto salvado de la jueza Molina, quien consideró que la demanda sí cumplía con los requisitos para ser admitida.

Con la decisión de la mayoría de los jueces constitucionales, se mantiene vigente la sentencia de la Corte Provincial de Santa Elena que otorga a Santa Priscila la propiedad sobre los terrenos de la lotización.

El representante de la empresa WTR, Washington Tixi, rechazó la sentencia y mostró sus escrituras y la aprobación del proyecto Marbella Club por parte del alcalde de Santa Elena, Dionicio Gonzabay.

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“Más de 200 personas están perjudicadas, temo que me demanden y me envíen a la cárcel, porque hoy no tengo un terreno que entregarles y dónde hacer mi proyecto, porque he sido eliminado de una manera arbitraria por la Corte de Santa Elena”, comentó el gerente de WTR.

También el abogado de Santa Priscila, Jimmy Pazmiño, mostró los documentos del Registro de la Propiedad de Santa Elena. “Él (Washington Tixi) dice: ‘Compré 400 hectáreas y 200 están montadas en Santa Priscila’, nos hemos defendido como si nosotros lo hubiéramos perjudicado, a él lo perjudicó quien le vendió algo que ya no era dueño”, dijo Pazmiño.

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Mientras tanto, algunos clientes del proyecto Marbella Club han solicitado ser parte de las demandas judiciales para que se les reivindique sus derechos sobre las propiedades que han comprado y que han venido pagando desde el 2013 a la promotora inmobiliaria WTR Consulting & Services.

Algunos se sorprendieron porque aseguran que el Registro de la Propiedad de Santa Elena procedió a cancelar sus títulos de dominio. (I)

266
hectáreas en conflicto en zona de comunas de la Península.

Cronología

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24 de febrero de 2015
Empresa WTR presenta queja ante la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares por supuesta invasión de predios.

26 de febrero de 2015
Washington Tixi, gerente de la empresa WTR, inicia un juicio ordinario contra pesquera Santa Priscila por supuesta usurpación de tierras.

16 de marzo de 2015
Pesquera Santa Priscila demanda, ante el Ministerio de Agricultura, que la empresa WTR presente sus títulos de propiedad sobre predios. Invoca Ley de Tierras Baldías.

13 de julio de 2015
Directora técnica de distrito del Magap, Sara Pincay, acepta pedido de Santa Priscila y declara ilegítimos los títulos (escrituras) de WTR.

7 de diciembre de 2015
Coordinadora general jurídica del Magap, Vanessa Nieto, argumenta que predios no son baldíos sino urbanos y declara nulidad de actuación de Pincay y dispone su archivo.

4 de enero de 2016
La compañía Santa Priscila presenta acción de protección contra nulidad del Magap. La Unidad Judicial Primera de lo Civil la niega.

29 de enero de 2016
Santa Priscila presenta nueva acción de protección ante los jueces de Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena, Daniel Rodríguez, Hernán Tamayo y Rosario Franco, quienes revocan la sentencia de juez inferior y declaran con lugar la demanda de Santa Priscila, que valida criterio de directora técnica del Magap.