Reparos a norma de Ley Solidaria que obliga a estudios jurídicos a dar información sobre sus clientes

La obligatoriedad para estudios jurídicos, entre otros, de informar bajo juramento a la Administración Tributaria sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de sus clientes en Ecuador, ya vigente en la denominada Ley Solidaria, genera reacciones en el ámbito jurídico.

La mañana de ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, calificó "como un fin loable" a "la transparencia" que busca la disposición reformatoria tercera de la Ley Orgánica de Corresponsabilidad y Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el Terremoto del 16 de abril, pero aseguró que existen "otras metodologías para alcanzar el mismo fin".

La disposición reformatoria tercera sustituye al artículo 102 de la Ley de Régimen Tributario Interno por uno que habla de la "Responsabilidad de los auditores externos, promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos".

En la segunda parte del articulado reformado se dice: "Los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos, están obligados a informar bajo juramento a la Administración Tributaria de conformidad con las formas y plazos que mediante resolución de carácter general se emita para el efecto, un reporte sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos".

"Creo que la gente es responsable de sus actos y que a esas personas responsables de sus actos es a quien hay que pedir rendir cuentas. (...) En principio no estoy de acuerdo con ese medio de obligar a un asesor a que declare en contra de su cliente", explicó Jalkh, al tiempo que aclaró que cualquier iniciativa de reforma de este tema no está en su campo de acción, pues es algo tributario.

Crítica de abogados

Por otra parte, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que la disposición transitoria es una vulneración constitucional directa, debido a que el secreto profesional del abogado hacia su defendido hace parte del derecho constitucional a la defensa consagrado en la Constitución.

"No solamente nos obligan a incurrir en una prohibición legal, sino que también nos obligan a incurrir en un tipo penal, es decir, a delinquir", apuntó.

La tarde del jueves último, García, en representación de los abogados de Pichincha, envió una carta al presidente de la República, Rafael Correa, solicitando la modificación de esta normativa. En la carta se señalaba que la disposición "lesiona gravemente" los derechos de las personas usuarias del sistema judicial y los derechos de los abogados en ejercicio profesional.

García indicó que continuarán con las acciones constitucionales necesarias para que se reforme la disposición reformatoria tercera de la denominada Ley Solidaria. (I)