El Parlamento Laboral (PL) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) preparan demandas de inconstitucionalidad a la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del Terremoto apenas esta sea publicada en el Registro Oficial o cuando se realice el descuento obligatorio de las remuneraciones que contempla dicha normativa.

Así lo dijeron ayer, por separado, tanto el presidente del Parlamento Laboral, Jaime Arciniegas, como Pablo Serrano, líder del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El descuento de un día de salario entre uno y ocho meses dependiendo del monto del salario, establecido en la norma aprobada por la Asamblea, es considerado inconstitucional por los dirigentes.

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“Sin duda alguna nosotros presentaremos la demanda de inconstitucionalidad porque afecta a los salarios de los trabajadores con un impuesto sobre el ingreso que está prohibido por la norma constitucional”, destacó Arciniegas, quien no descartó movilizaciones y plantones ante la Corte Constitucional (CC).

Fernando Ibarra, también dirigente del Parlamento Laboral, dijo que con la Ley Solidaria se “maquilla con el término contribución, pero jurídicamente no se puede bajo ningún motivo afectar la remuneración de un trabajador”.

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Por su parte, Serrano aseguró que los trabajadores son solidarios y no tendrían ningún problema de entregar voluntariamente esa contribución, pero si el dinero fuera a un fideicomiso que pudiera ser fiscalizado. Dijo que si el Gobierno procede con el descuento, entonces se presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

El abogado laboral Joaquín Viteri explicó que en el artículo 328 de la Constitución se indica que la persona trabajadora tendrá derecho a una remuneración equivalente al salario digno y que esta es “inembargable salvo para el pago de pensiones alimenticias”. Además se indica que se podrán hacer descuentos solo “con autorización expresa del trabajador”.

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Viteri expresó que una ley inferior a la Constitución como la Solidaria no puede violentar la norma suprema.

Y explicó que su recomendación es que se establezca que los empleadores pidan que los trabajadores autoricen con una comunicación el descuento. De lo contrario será inconstitucional y podría haber demandas y conflictos laborales, explicó. Aclaró que no se trata de falta de solidaridad ni de sensibilidad con la catástrofe, sino que el Gobierno y la Asamblea deben accionar de manera legal.

A los trabajadores también les preocupa el incremento de los precios por efecto del alza del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%.

El Parlamento Laboral indicó que el aumento del IVA constituye un golpe a la población porque pierde el 2% de su poder adquisitivo, lo cual generaría además desempleo particularmente en las provincias fronterizas.

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“Con estas medidas lo que se espera es un incremento del desempleo”, dijo Arciniegas, quien cuestionó que el Gobierno haya tomado como pretexto el terremoto para aplicar “una receta” que afecta a todos.

Sobre el encarecimiento de los productos, Serrano aseguró que la canasta básica ya venía con problemas por las salvaguardias y ahora tendrá mayor afectación por el IVA.

La Ley, aprobada el jueves pasado, está en el Ejecutivo para su sanción o veto. (I)