Álvaro Párraga y Miguel Andrade son médicos cirujanos manabitas. Hoy lucen sin las batas blancas y con los zapatos empolvados, los rostros tensos y sin trabajar desde que el terremoto afectó a las clínicas privadas de su propiedad.

Párraga y su esposa, la doctora Merli Orellana, son dueños de la clínica Santa Margarita, de Portoviejo. “Esperamos atender en 10 días”, augura el médico, apoyado al pilar en el que está pegada la etiqueta de ‘uso restringido’ con las observaciones: “Fisuras parciales en paredes”, “Sin atención al público”.

Su clínica está compuesta por dos edificios. La segunda edificación, con etiqueta roja, está muy destruida. “Aquí funcionaban las terapias y consultas externas”, explica Párraga y se abre paso entre el derrumbe para mostrar los tres equipos de costo millonario, que para su fortuna están intactos.

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“Aquí tenemos unos de los pocos resonadores magnéticos de Manabí, está en una cámara y no le pasó nada; también tenemos el tomógrafo y el angiógrafo (para tratar problemas cardiovasculares), que solo hay uno en Manta y otro aquí en Portoviejo; pero si alguien se infarta ahora hay que llevarlo a Guayaquil, con el riesgo de que no llegue a tiempo”, expresa el propietario de esta clínica.

El neumólogo René Farfán, propietario de la clínica Santa Teresita y titular del Colegio de Médicos de Manabí, convocó el jueves a una asamblea con delegados los cantones de Bolívar, Bahía de Caráquez, Junín, Manta, Puerto López y Portoviejo. Ahí se analizó la situación: “El 90% de la infraestructura médica privada quedó destruida y uno de los grupos más afectados, luego de la población y comerciantes, es la clase médica”. Manabí tiene 3.000 médicos agremiados.

Por eso, explica, los médicos manabitas harán tres peticiones al Gobierno: “Que el Estado y la seguridad social cancelen lo que adeuda del 2015 al sector privado por prestación de servicios; que se faciliten créditos a no menos de 10 años y 2 de gracia, con interés bajo, y que se exonere de pago de impuestos para importación de equipos médicos.

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La clínica de Farfán no tiene daño estructural, pero está en plena zona cero de Portoviejo. Está evacuada y no da atención, ya que el acceso está prohibido, por lo que pugna por el permiso para abrirla pronto. En cambio, la clínica hospitalaria (de operaciones), la San Antonio, es una de la más destruidas. Tiene la etiqueta roja, que restringe el ingreso al edificio principal en el que un piso completo se fusionó con la planta inferior.

Miguel Andrade, propietario de la clínica de Manta, percibe que la situación en este balneario es igual o peor. Él sufrió el saqueo de los equipos médicos y la pérdida total del edificio, que va a ser demolido.

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“Las pérdidas (...) son de varios millones; pero algo más doloroso es el desempleo de entre 90 y 100 personas (médicos y administrativos)”, expresa con resignación Andrade, quien alista la liquidación patronal.

Y más allá de las pérdidas particulares, Andrade invita a reflexionar a las autoridades sobre la situación real del sistema de salud en Manabí. “Hay que admitir que pocos países están en capacidad de responder ante una catástrofe natural, pero aquí se dio el hecho de que las infraestructuras médicas colapsaron y no debería ser así”.

Por eso el cirujano mantense considera que “el problema es más complejo. No es que el terremoto ha ocasionado la saturación de los centros, ya esto se daba antes. Los porcentajes de ocupación de camas en el país están fuera de los rangos aceptables de seguridad. Cualquier tragedia, incluso una mediana, va a ocasionar que los hospitales no estén en capacidad de responder”, expresa. (I)