La Contraloría del Estado dio la razón al Gobierno, en el examen especial que realizó al contrato de compraventa de 66 lotes de terreno al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), para la implementación del Parque Samanes en Guayaquil.

Aunque el informe no ha sido divulgado por Contraloría, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, confirmó que se “reitera lo que el Gobierno ha dicho: que esa compra se hizo equivocadamente a un precio con un avalúo que no correspondía, pues según la ley (de Contratación Pública) se hace el avalúo catastral del Municipio”.

A inicios de año, sobre la base de un informe de la Procuraduría del Estado, el presidente Rafael Correa ordenó que se debiten $ 41 millones al Issfa, por un ‘sobreavalúo’ en el pago de los terrenos que hizo el Ministerio del Ambiente para levantar el Parque Samanes, por los que se canceló $ 48 millones.

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El siguiente paso, será “descontar ese pago hecho en exceso”, mencionó Patiño, quien no reveló si se determinó responsabilidades civiles y administrativas, en contra de los funcionarios que suscribieron este convenio en el 2010.

Y, mientras el Ejecutivo buscará recobrar estos fondos, el Issfa requirió “de manera apremiante” al Ministerio de Finanzas la entrega de $ 74 millones para cubrir “las obligaciones pendientes como salud, cesantías y pensiones”, según consta en un documento divulgado ayer, suscrito por el director del seguro, Juan Francisco Vivero.

Ahí se detalla que en las cuentas del Issfa apenas hay un saldo de $ 40.950; y la deuda pendiente desde el 2014, sería de $ 324’834.232 que corresponden a pensiones, aportes patronales e individuales.

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Vivero, en la misiva dirigida al ministro Fausto Herrera, dice estar “consciente de la situación actual” que vive el país, pero pide “se digne viabilizar la asignación”, pues habría asegurados afectados por el terremoto del pasado 16 de abril que requieren líneas de crédito. (I)