Tenía la corazonada de madre de que su primogénito Elkin, de 9 años, regresaría a casa asustado, hasta herido, pero con vida. Jéssica Nazareno, de 31 años, lo esperaba con ansias luego de que un agudo dolor en el vientre la tumbara a la cama alrededor de las 14:00 del 4 de marzo pasado al enterarse de que su hijo había desaparecido: “El dolor de una madre presiente y yo dije mi hijo no está bien”.

Y no lo estaba. El cadáver del menor apareció degollado y envuelto en un colchón a las 19:30 del mismo día que fue secuestrado. Estaba en el patio de una casa de madera cercana a la de cemento, de una planta, en la que vivía con sus padres y su hermano de 3 años, en Same, un puñado de viviendas que rodean a hoteles y departamentos para vacacionar al pie del mar en la parroquia Tonchigüe del cantón Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

Los secuestradores primero pedían $ 30.000 para devolver a Elkin, quien en su perfil de Facebook se describía como “el más famoso del mundo”, en alusión a que quería convertirse en futbolista. Por esto practicaba todas las tardes en una cancha de tierra, uno de los primeros sitios donde lo buscaron.

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Tras hablar con Jéssica, el secuestrador bajó la cifra del rescate a $ 3.000 en la última llamada por celular recibida alrededor de las 18:00. Era un dinero que Luis Miranda, padre del menor y quien gana $ 20 al día en un taller en el que decora y pinta madera, iba reunir con la ayuda del vecindario en un poblado que no supera las 1.700 personas permanentes.Algunos de los raptores fueron reconocidos por los padres de Elkin: “El pueblo era tranquilo, pero la droga se está adueñando de todo. Él tenía unos cinco meses que había llegado aquí”, dice Luis en referencia a uno de los cuatro detenidos involucrados en el caso de su hijo. Jéssica también los conocía. Incluso había advertido a Elkin que no se acercara “a los muchachos drogados”, cuenta.

En 2015, Esmeraldas registró una tasa de 17 muertes violentas por cada cien mil habitantes, según cifras de la Policía. Se trata de más del doble del promedio nacional de 6,4 casos por cada cien mil habitantes. El Ministerio del Interior agrupa bajo ese término los casos de homicidios y asesinatos.

Aunque el número de crímenes se redujo de 197, en 2012; 164, en 2013; 133, en 2014 y 93, el año pasado, según la Policía, la violencia sigue dejando su marca en la provincia de la mano del aumento en las incautaciones de drogas (ver gráfico).

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En el caso de Same, según Kerly Acuña, dirigente de esta comunidad, la plusvalía aumentó con las inversiones turísticas, lo que provocó que los microtraficantes llegaran y creyeran que los habitantes tienen dinero: “Es gente que desconoce nuestra realidad. El responsable (del secuestro de Elkin) consumía droga y hasta donde sabemos... vendía estupefacientes”, asegura Acuña.

La comunidad de Same ha solicitado la instalación de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). “Sí contamos con la capacidad de habitantes que se necesita para construirlo con una población flotante que supera los seis mil (el número de habitantes mínimo requerido es de cinco mil)” en la temporada de vacaciones y en feriados, agrega la dirigente.

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El jefe del distrito de Policía de Atacames, Álex Vargas, afirma que el Ministerio del Interior analiza este pedido: “Contamos con 183 uniformados (en el distrito que abarca también el cantón Muisne)... Sin embargo, la población siempre necesita o siempre pide más personal”.

Por la falta de trabajo, los pescadores al ser diestros en el mar caen en las provocaciones (de llevar droga en las lanchas)”. YINIO CASTRO, dirigente de Rioverde

Al tráfico de drogas se une la actividad delictiva. La Policía detuvo en febrero pasado a cuatro miembros de una organización dedicada a robar carros para vender sus partes. A ellos se los acusa de secuestrar a dos taxistas por robarles sus autos. Los cadáveres de ambos aparecieron entre enero y febrero pasado, en la capital provincial.

A uno de ellos, sus captores lo tiraron al río con las manos atadas. El cuerpo apareció en las inmediaciones del faro del puerto pesquero.

Los hechos de violencia criminal responden en parte a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas traídas de la vecina Colombia para ser enviadas desde las costas esmeraldeñas, que poseen bahías en las que hay pueblos pesqueros.

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Un ejemplo es Galera, parroquia rural del cantón Muisne, un poblado donde el turismo está poco desarrollado. Los lugareños se refieren con temor a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Estas ofrecen dinero a los pescadores a cambio de que transporten clorhidrato de cocaína en lanchas hacia puntos específicos en alta mar, como boyas dotadas de dispositivos satelitales para su posterior traslado a Centroamérica con rumbo a EE.UU.

Los pobladores de Galera amanecieron conmocionados, el 22 de enero pasado, luego de que en la madrugada de ese día la Policía irrumpiera en seis viviendas para detener a igual número de personas, entre las que estaba el presidente de la Junta Parroquial. A ellos los detuvieron con armas y municiones.

En boletines publicados en la web del Ministerio del Interior, la Policía los acusa de pertenecer a una organización dedicada al narcotráfico, robo, extorsión, contrabando y sicariato. “Se conoce que este grupo delictivo es el brazo armado de la organización criminal conocida como los Álava”, dice Romel Tapia, comandante accidental (encargado) de la subzona Esmeraldas, en un video.

En este momento estamos en catorce muertes violentas (por cada cien mil habitantes) en el periodo de enero al 18 de marzo pasado". ROMEL TAPIA, comandante provincial

En una entrevista con este Diario, Tapia dice que “un viaje coronado”, es decir, cuando la droga llega a su destino final, puede significar de $ 10.000 a

$ 20.000 para las personas encargadas de estos envíos. El pago también puede hacerse con un ladrillo de droga (alrededor de un kilo) para que sea comercializado en el mercado interno, lo que provoca riñas por acaparar territorios.

Algunos de los pescadores de Galera afirman que prefieren alejarse de estos ofrecimientos: “Pero hay personas que quizás sí deciden involucrarse a veces por problemas económicos, el desempleo, no hay pesca”, refiere Juan (nombre protegido), quien cuenta que pescar durante tres días en los que deben dormir en las pangas implica un ingreso de $ 30.

Tapia asegura que la disminución de las muertes violentas en Esmeraldas responde al nuevo modelo de gestión que incluye el impulso de la policía comunitaria. Agrega que la tasa está por encima de la media nacional por la complejidad de la provincia: “Hay vulnerabilidad, tenemos costas gigantes”, dice.

En Galera, con dos mil habitantes, también piden la instalación de una UPC: “El punto más cercano es la policía de Tonchigue, a 20 minutos en carro. Hay un compromiso de enviar más policías”, dice Ángel Quintero, teniente político.

En tanto que en Rioverde, en el norte de la provincia, los policías asignados están en una casa de dos plantas que pertenece a una asociación de la comunidad. De los 51 uniformados enviados a este último cantón quedan 50, luego de que uno de ellos fue detenido en marzo pasado acusado de tráfico de drogas, según los policías de esta localidad. (I)