Cuando el guayaquileño Alfredo Bajaña se planteó la posibilidad de regresar a Ecuador, después de 16 años de estancia en Madrid, envió algunas herramientas y prendas de ropa a través de OGC Paquetería. La encomienda nunca llegó a su destino. Cerca de 2.000 euros perdidos.

Las oficinas de la empresa permanecen cerradas desde este lunes y sus dueños (dos hermanos ecuatorianos) han desaparecido. Su caso se suma al de miles de compatriotas que en España, Bélgica, Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Holanda e Italia se han visto afectados por una presunta estafa de la compañía.

Tras las primeras denuncias individuales, la Policía cercó con cinta una nave industrial en el barrio de Villaverde donde se almacenaban los enseres pendientes de enviar a Ecuador. Ahora los perjudicados en Madrid centran sus esfuerzos en crear una plataforma (de momento suman alrededor de 600 personas) para emprender acciones legales conjuntas contra OGC. Para esto han recurrido, principalmente, a las redes sociales.

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En Facebook cuentan con un grupo público en el que esperan aglutinar al mayor número de afectados. "El monto del perjuicio es incalculable pero estimamos que los estafados pueden ser más de 4.000", sostiene Darwin Castro, uno de sus portavoces.

Los inmigrantes quieren que las autoridades nacionales intervengan los 43 contenedores que están varados en el puerto de Guayaquil. La empresa nunca los retiró y los compatriotas temen que sus bienes sean subastados.

Ecuador no será acusador 

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La Embajada no se apersonará como acusación pero acompañará a los compatriotas "con todos sus consulados y estamentos y en las gestiones que se pueda con las autoridades españolas y ecuatorianas", en palabras del jefe de la Misión Diplomática, Miguel Calahorrano que esta mañana compareció en rueda de prensa acompañado de algunos afectados.

La empresa que se promocionaba en medios de comunicación latinos ofertaba un servicio integral. El cliente no tenía que preocuparse de nada: recogían sus pertenencias en cualquier sitio y las entregaban en Ecuador. "Nosotros nos encargamos de todo porque tenemos personas cualificadas que se dedican a hacerlo (…) Nosotros les asesoramos y orientamos para que la mudanza no le sea tan costosa y, además, no pierda tiempo en los trámites que ello conlleva", declaraba Óscar Zúñiga, su director general.

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Los trabajadores receptaron paquetes en las oficinas de OGC hasta el domingo. Unos días antes, Gladys Rosero se acercó a reclamar porque el congelador que envió en agosto con una promoción de 4 euros el kilo (el precio habitual era 4,50 euros) seguía "sin aparecer". "Me indicaron que tenían problemas con el contenedor y para compensarme por el retraso me regalaron 30 kilos gratis", agregó.

Miriam Ramírez, representante de la Defensoría del Pueblo en Madrid, reconoce que meses atrás se detectaron algunas anomalías. "La empresa no tenía en Ecuador una contraparte y obligaba a los clientes a declarar que los bienes eran usados pese a ser nuevos; así podían pasar como menaje de hogar y no pagar impuestos", dijo. Su modus operandi es similar al de otras empresas como Vicza Express que ya en 2012 dejó cientos de afectados. (I)