El pleno de la Asamblea inició ayer el debate del veto parcial a la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, el cual fue suspendido y se retomará mañana porque tiene plazo hasta el domingo para tratarlo.

Aunque la mayoría de Alianza PAIS (AP) en la Comisión de Soberanía Alimentaria sugería en su informe no vinculante el allanamiento a 16 objeciones y la ratificación en 2, otras propuestas salieron del bloque gobiernista en la discusión.

Virgilio Hernández (AP) sugirió la ratificación al artículo 107, respecto a las reglas aplicables a la expropiación agraria para no caer en contradicciones, pero el informe sugerido por la Comisión admite esta objeción del Ejecutivo que propone incluir que si no existe disponibilidad presupuestaria no procederá la expropiación.

En la mayoría de intervenciones se criticó a la objeción presidencial que permitiría a las empresas públicas extranjeras comprar tierras y que la Comisión sugirió allanarse; y a la otra objeción que proponía que no se requiera la venia de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para la cesión de sus tierras al Estado con el fin de construir proyectos de infraestructura, vivienda y servicios públicos, a lo que el Ejecutivo también agregó a los sectores estratégicos.

Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) propuso votar artículo por artículo porque el veto parcial en algunos temas “empeora” el texto original.

A la par del debate legislativo grupos indígenas y campesinos rechazaron el proyecto y analizan tomar acciones que van desde presentar una demanda de inconstitucionalidad y solicitar al presidente Rafael Correa que llame a una consulta popular hasta movilizaciones.

Esto se decidiría en una Cumbre Agraria en mayo.

Luis Andrango, vocero de la Red Agraria, dijo que hay dos temas que les preocupan del proyecto de norma.

El primero es que la normativa abriría la posibilidad a la “extranjerización de la tierra”, pues advirtió que empresas e inclusive estados foráneos podrían comprar grandes extensiones de tierra para la producción de biocombustibles.

El segundo es que se violaría el principio constitucional que señala que las tierras comunitarias son inembargables, indivisibles e inalienables, pero en el veto se habla sobre la posibilidad de que estas puedan abrirse al uso y usufructo en propiedad individual. (I)