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Demandados por terreno piden que Rafael Correa concilie

El gerente de Urbanizadora del Salado S.A. (Urdesa), Rodrigo Icaza, y el dueño de la empresa Repartecsa, Víctor Paredes, pidieron la intervención del presidente Rafael Correa en la disputa por un predio que reclama el ministro de Turismo, Fernando Alvarado.

“Solicitamos por su digno intermedio dialogue con su colaborador a fin de que respete nuestros derechos y así evitar un litigio internacional derivado de una situación más personal que legal”, señalan en el escrito firmado por ambos y recibido por Francisco Latorre, asesor de la Presidencia.

Icaza muestra documentos que señalan que el predio de 600 metros en la ciudadela Urbanor le pertenece desde 1956, por lo que afirma que fue legal la venta que le hizo a Paredes.

No obstante, Alvarado se considera posesionario del solar desde hace 20 años y asegura que firmó con Paredes un contrato de arrendamiento que se ha incumplido desde el 2009, año en que Paredes asegura que le compró el terreno a Icaza.

Alvarado inició en el 2011 una demanda contra Icaza y Paredes, y logró que el juez José Miguel Ordóñez dictara en julio del 2013 una sentencia para que se le devolviera el predio.

Como respuesta, Paredes presentó una acción constitucional y una demanda de amparo posesorio para evitar el desalojo del solar donde funciona su taller automotor.

“Nuestro afán es llegar a una solución pacífica que no nos perjudique, pero si esta no llega nos veremos obligados a acudir a instancias internacionales”, señalan Icaza y Paredes en la carta al presidente Correa. Ahí también se menciona que “el Comité de Derechos Humanos ha elevado un informe como veedor de este caso”.

Este Diario solicitó entrevistas a Jhonny de la Pared, abogado del ministro, y a José Francisco Alvarado, su hijo y quien lo reemplazó en una audiencia, pero ninguno aceptó.

El hijo del funcionario pidió el jueves que se le enviaran las preguntas por correo electrónico. El viernes, el ministro de Turismo respondió: “Por ética, no ventilo temas privados en medios de comunicación (...). Mi criterio es que las controversias privadas y que, no guardan relación con la función pública, deben litigarse dentro del sistema de justicia y no en declaraciones a la prensa”. (I)

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