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Una acción por daños y perjuicios es la opción legal de militares retirados

Una acción civil por daños y perjuicios ante las cortes locales es la opción que se analiza al interior de las asociaciones de militares en servicio pasivo para “defender” el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), según algunos dirigentes consultados por EL UNIVERSO.

Esto luego de que el presidente Rafael Correa dispusiera al Ministerio de Finanzas que debite $ 41 millones de las cuentas de la institución para recuperar un supuesto “exceso” en el pago que hizo el Ministerio del Ambiente por terrenos en los que ahora está el Parque Samanes, en Guayaquil.

Según la escritura de compraventa de los lotes, que se suscribió en diciembre de 2010, en el caso de existir controversias por el negocio, las partes debían someterse al procedimiento de mediación en los centros de la Procuraduría General.

En los casos de acuerdo parcial o imposibilidad de acuerdo, los firmantes podrán iniciar “procesos judiciales ante el juez competente de Quito, a fin de discutir en el juicio las diferencias que no han sido parte de acuerdo o en vista de no haber logrado acuerdo.”

Pero el mandatario desestimó un arreglo por la vía judicial porque, según reconoció en su último enlace sabatino, ello significaría la anulación del contrato y el Parque Samanes pasaría nuevamente al Issfa.

El año pasado, la Secretaría Jurídica de la Presidencia elevó una consulta a la Procuraduría General respecto al tema, la cual concluyó que se debía “rectificar o modificar” el contrato porque se violó la Ley de Contratación Pública, pues el avalúo de las tierras lo realizó la Dirección Nacional de Avalúos y no el Municipio de Guayaquil.

Aunque los pensionistas afirmaron que esperarán los resultados de la auditoría de la Contraloría General, Sergio Figueroa, de la Federación de militares en servicio pasivo Huancavilca, y Ciro Salvatierra, de la Asociación de militares en ser?vicio pasivo y montepío Libertad, adelantaron que impulsarían una acción de carácter civil por daños y perjuicios.

“Queremos que el presidente reconsidere la orden de que se devuelva. La autoridad competente es la Función Judicial”, dijo Figueroa.

El jurista Ramiro García consideró que no es necesario esperar la resolución de la Contraloría. Él cree viable la acción civil por daños y perjuicios.

Opinó que el ministerio ya no podría aplicar una acción rescisori porque esta se extingue a los cuatro años.

El jurista Eduardo Carmigniani, en un artículo de diario Expreso, señaló que el pedido de rectificación del contrato que hizo la Procuraduría “no es de obligatorio cumplimiento” por lo que cualquiera de las partes puede rechazarla. (I)

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