La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga (AP), defendió ayer en dos comunicados públicos –difundidos en Twitter– su actuación en la compra de 66 lotes de terrenos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) en el 2010, cuando era ministra del Ambiente.

Según el Ejecutivo y la Procuraduría General, existió un “exceso” de $ 41 millones en el pago de esa cartera de Estado a la entidad militar.

En una primera misiva, dirigida a los medios, Aguiñaga justificó la decisión de adquirir estos lotes para incrementar las áreas verdes en Guayaquil.

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Aseguró que la negociación entre estas instituciones se dio “enmarcada en la ley, donde no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada”.

En otra carta, dirigida a la ciudadanía, recordó que dedicó “muchas horas” para sacar adelante a Samanes y que trabajó con “transparencia”.

Ella dice que esperará los resultados del examen especial que hará la Contraloría General por esta adquisición, para luego pronunciarse. (I)