La exministra del Ambiente Marcela Aguiñaga y el exministro de Defensa Javier Ponce estuvieron involucrados en la compraventa de las 220,86 hectáreas que el Estado adquirió en el 2010 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) en Samanes y que ahora ha desatado una polémica por un supuesto pago en exceso.