Mientras los militares retirados alistan una asamblea general para esta semana y ahí analizar posibles acciones legales por la devolución que el Gobierno le exige al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), hay expectativa por la postura que muestre la nueva cúpula militar.

El asambleísta de oposición Andrés Páez (CREO) instó al nuevo alto mando a que se pronuncie sobre el conflicto que el régimen mantiene con el Issfa por la venta del terreno donde hoy funciona el Parque Samanes, de Guayaquil. Lo hizo mediante una carta abierta publicada ayer.

El Ministerio del Ambiente pagó $ 48,2 millones por el inmueble y ahora el régimen reclama que debió costar $ 7,3 millones. El presidente de la República, Rafael Correa, argumentó el sábado pasado, en su enlace, que se debió pagar con base en el avalúo del Municipio de Guayaquil, como establece la Ley de Compras Públicas, y no en el de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, como se hizo.

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La Procuraduría General del Estado ordenó en noviembre pasado que se haga una rectificación al contrato para determinar el exceso pagado y, por esa razón, Correa ordenó la semana pasada que se retiren $ 41 millones de los fondos del Issfa.

Para Páez, el impasse debió ser resuelto en la Función Judicial, pero advierte que –como el contrato fue firmado en el 2010– la causa ya estaría prescrita. Por eso cuestionó al alto mando: “¿Por qué ustedes no han decidido aún el reclamar ante un juez la prescripción para evitar semejante daño en las arcas del Issfa?”.

El legislador denunció en la misiva que el actual comandante de la Fuerza Terrestre, Luis Castro Ayala, no sancionó “a un teniente coronel –el único en toda la historia de las FF.AA. que ha ascendido a esa jerarquía luego de hacer el curso por internet–, por haber pronunciado un discurso chavista”. Y señaló que ese oficial lleva más de cinco años en funciones en el Palacio de Gobierno.

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Castro es parte de la cúpula militar que asumió la tarde del viernes, horas después de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazara públicamente la decisión del Gobierno de debitar $ 41 millones al Issfa.

Ayer circuló un comunicado de las asociaciones de militares en servicio pasivo. Dos altos oficiales retirados confirmaron que se trata de una carta generada desde varias agrupaciones de militares opuestas a la devolución del dinero exigida por el Gobierno.

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En dicha carta instan al alto mando a pronunciarse en ese sentido: “...presentamos el apoyo irrestricto a la acciones tomadas en defensa de los recursos del Issfa, que estamos seguros que el nuevo mando institucional designado la hará respetar”. Y se convocan para el jueves a las 17:00 en el salón de uso múltiple del Issfa.

Además rechazan los mensajes de desprestigio contra la institucionalidad militar que, según ellos, varias autoridades gubernamentales han hecho circular en redes sociales.(I)