Conaie exige que se archive proceso contra comuneros

Como una “persecución política” calificó ayer el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, al proceso por supuesto terrorismo que se sigue contra Manuel T. y Manuela P., dirigentes de la comunidad San Pablo de Amalí, cantón Chillanes (Bolívar).

En el 2012, ambos participaron en las protestas de los habitantes de la localidad que se oponían a la construcción de la hidroeléctrica por parte de la empresa Hidrotambo; y hubo enfrentamientos con policías y militares. Ayer, a las 09:00, se instaló la audiencia de juzgamiento en el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar.

Herrera señaló que los comuneros alzaron su voz para defender su tierra: “Deben archivar ese proceso y dejarlos en libertad para que nuestros hermanos puedan vivir en paz”.

La diligencia fue reservada. Antes de que se iniciara, la guardia de seguridad privada informó que no podrían ingresar más que las personas involucradas. Luego se sumó un piquete de policías para hacer cumplir la disposición.

Mientras, en la parte exterior del edificio del Tribunal se ubicaron decenas de personas que apoyaban a los acusados. Portaban pancartas en las que se leían mensajes como “La Hidrotambo se llevó nuestras casas, no se lleven a Manuel y Manuela”, “La resistencia no es terrorismo” y “Manuela y Manuel, inocentes, paz y no violencia”. Luego hicieron un recorrido por calles contiguas.

Antes de ingresar a la audiencia, Manuel T. agradeció a quienes estuvieron pendientes de su caso y dijo que lo único que pedía era “que se hiciera justicia”, porque aseguró que nunca cometió actos de terrorismo.

A las 13:30 se dio un receso de una hora, luego de lo cual se reinstaló la audiencia. Hasta esa hora, comparecieron testigos de la parte acusadora. Estaba pendiente la declaración de los acusados. Según Manuel T., el presidente del Tribunal dijo que la audiencia culminaría ayer mismo. Al cierre de la edición continuaba. (I)

8
kilovatios

de electricidad generaría la hidroeléctrica impugnada por las comunidades aledañas a la construcción.

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